Santiago, Rep. Dom.- De acuerdo al detalle de los delitos cometidos por la estructura, principalmente contra el sistema de la Junta Central Electoral, los cuales están contenidos en la solicitud de medidas coercitivas presentada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente mediante la solicitud de que se imponga prisión preventiva para 18 meses y el proceso será declarado complejo.
Las actividades fraudulentas en las que se especializaron los imputados vinculados a la falsificación de documentos públicos detenidos tras el despliegue de la Operación Colibrí, amenazaron la seguridad jurídica y laceraron la confianza institucional, al tiempo que, además, violaron el sistema de Registro Civil del país. .
Se trataba de falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para portar armas, entre otros documentos públicos.
La investigación del operativo Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, se realiza con el apoyo de la Junta Central Electoral, cuyas direcciones de Seguridad Ciudadana, Inspección, Cédulas de Identificación y Consultoría Jurídica, monitorearon el comportamiento de personas que ofrecían servicios fraudulentos en los alrededores de sus oficinas y oficinas, con la asistencia y apoyo de al menos un empleado de la organización que se encuentra entre los sujetos a medidas coercitivas.
Durante las investigaciones de campo, que incluyeron 18 allanamientos, más de 20 fiscales del Ministerio Público y unos 200 agentes de la Policía Nacional incautaron material, evidencia documental y de otro tipo, como plásticos para impresión de cédulas, cédulas, licencias; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una demostración irrefutable del involucramiento de los detenidos con los hechos.
Además, entre lo incautado se encuentran dispositivos electrónicos que eran utilizados para borrar datos originales, emitir títulos y cédulas a nombre de terceros.
El titular de la Fiscalía de Santiago, juez Osvaldo Bonilla, indicó este viernes que los allanamientos se realizaron en centros de internet que servían como laboratorios para estas tareas fraudulentas, despachos de abogados así como domicilios, donde se incautaron las pruebas que serán presentadas. a los tribunales.
“Lo que nos ocupa es una investigación en la que trabajamos en conjunto con la Junta Central Electoral (JCE), hace aproximadamente un año. Medimos el impacto de las actividades realizadas por esta estructura en función de la amenaza que representó para la seguridad jurídica de la JCE, el Ministerio del Interior y la Policía, entre otras instituciones que ha afectado”, estableció Bonilla.
Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último empleado de la Junta Central Electoral.
Además de la emisión fraudulenta de cédulas de identidad, esta organización criminal, que amenazaba la seguridad jurídica al violar la credibilidad de la documentación pública emitida por organismos estatales, se especializaba en falsificar diplomas de educación secundaria, certificados de bautismo, certificados de matrimonio y certificados de defunción.
En el caso de medida coercitiva, el Ministerio Público establece que estas actividades fraudulentas afectaron a ciudadanos de la República Dominicana que han visto afectada su identidad, un derecho constitucional, así como a la Junta Central Electoral, al afectar la fe pública de los documentos emitidos. . por el Estado dominicano, que garantizan la identidad y certeza del registro de los actos realizados por las personas durante su vida civil.
Entre las acusaciones hechas por el Ministerio Público está la suplantación de personas dominicanas fallecidas para proporcionar a los ciudadanos haitianos registros y cédulas de identidad dominicanas.
Falsificaron documentos de organismos de seguridad del Estado como la J-2 del Ejército, Ministerio del Interior y Policía, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos.
Tenían en su poder plásticos y láminas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial, el Banco de Reserva, el Instituto Nacional de Tráfico Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.
También apostillaban los documentos, después de haberlos adulterado, para que pudieran ser utilizados en el extranjero.
La Fiscalía de Santiago presentó cargos provisionales contra los imputados por violación de los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal dominicano; también los artículos 13 y 14 inciso 4 de la Ley 8-92 sobre Identidad y Cédulas Electorales; los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 de Protección Integral de Datos Personales; artículo 6 incisos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Delitos y Delitos de Alta Tecnología.
Además, se presentan cargos contra Acevedo García por violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales.
Varios de los imputados operaban en las inmediaciones de las oficinas de la JCE, ofreciendo diversos servicios a los ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilaban entre los $5,000 y los $20,000 pesos dependiendo del tipo de documento requerido.
