El sistema político dominicano enfrenta una severa crítica por parte de los militares constitucionalistas, quienes denuncian que la corrupción y la impunidad siguen siendo males arraigados que socavan la democracia en el país. En una rueda de prensa, representantes del movimiento señalaron prácticas como la compra de votos y la falta de transparencia interna en los partidos políticos como factores que debilitan el orden constitucional.
Andrés Fortunato, portavoz del grupo, subrayó que la corrupción no se limita a los gobiernos de turno, sino que abarca a diversos sectores políticos, económicos y sociales. Destacó que la evasión fiscal y el incumplimiento de las responsabilidades ante el Estado también contribuyen al problema. Además, criticó la falta de formación constitucional y democracia interna dentro de los partidos, lo que, según él, impide un ejercicio transparente del poder público.
Los constitucionalistas también alertaron sobre la persistencia de prácticas ilegales en procesos electorales, como la compra de voluntades. Fortunato afirmó que, según estimaciones, en algunos comicios se han destinado hasta RD$75,000 por mesa electoral para asegurar resultados favorables. Este tipo de acciones, señaló, erosionan la credibilidad del sistema democrático y perpetúan la impunidad.
Ante esta situación, el grupo propuso la creación de una "cuarta fuerza constitucional y electoral" que priorice el cumplimiento de la Constitución como eje central de la vida política y estatal. Recordaron que el artículo 6 de la Carta Magna establece la supremacía de la Constitución y la obligación de todas las personas y órganos del Estado de someterse a ella.
Las declaraciones de los militares constitucionalistas llegan en un momento clave, cuando el país enfrenta crecientes demandas ciudadanas por mayor transparencia y lucha contra la corrupción. Este llamado podría generar un debate público más amplio sobre la necesidad de reformas estructurales en el sistema político dominicano.
El impacto de estas denuncias podría influir en la agenda política nacional, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones se ha visto afectada por escándalos de corrupción y falta de rendición de cuentas. El futuro de estas propuestas dependerá de la respuesta de los actores políticos y sociales ante estos reclamos.
