Él Parlamento Europeo defenderá que todos organismos públicos están obligados a revelar el presupuesto destinado a publicidad institucional en medios de comunicación y que un limitar el uso de software de espionaje contra periodistas, un punto en el que los gobiernos de la Unión Europea quieren ser más estrictos. Ambas medidas forman parte de la posición negociadora del Parlamento Europeo para la futura ley europea sobre libertad de prensaque tras la votación de este martes en Estrasburgo (448 votos a favor, 102 en contra y 75 abstenciones) podrá iniciar negociaciones con los Estados miembros, representados este semestre por la presidencia española del Consejo.
"Los medios de comunicación no son una empresa cualquiera, son parte de la educación, del desarrollo cultural de nuestras sociedades y protegen derechos básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información. Tenemos que reconocer este doble papel de los servicios de medios", explicó ante la cámara el principal negociador del legislación en el Parlamento Europeo, la alemana Sabine Verheyen. El eurodiputado se mostró convencido de que la posición negociadora acordada entre los grupos es "un texto equilibrado que hace justicia a este doble papel" y que "protege a los medios de comunicación de influencias externas". "Nos hemos asegurado de que El seguimiento de los medios es políticamente independiente.Hemos creado transparencia sobre los propietarios y garantizaremos estándares laborales mínimos para los periodistas", añadió Verheyen.
Endurecimiento de la ley
La posición que defenderá el Parlamento elimina una excepción a la propuesta inicial de la Comisión Europea para esta ley, que establecía que las entidades públicas que representen menos de un millón de habitantes podrían eludir esta obligación de explicar su gasto en publicidad institucional; En el caso de los eurodiputados, todos los eurodiputados deben revelar anualmente información detallada sobre el dinero que invierten en medios y plataformas en línea. Además, la publicidad institucional destinada a un medio o plataforma individual no debe exceder el 15% del presupuesto total destinado a tal fin de una determinada entidad y los medios deben hacer público quiénes son sus propietarios.
Según el Parlamento Europeo, los medios de comunicación no deberían estar exentos de la moderación de contenidos de grandes plataformas en Internet -como habían luchado algunos grupos que quedaron en minoría-, pero tendrán 24 horas para responder a la eliminación de contenidos que se consideren ilegales. "Por un lado, realmente queríamos permitir que los medios de comunicación que cumplen con los estándares internacionales de buen periodismo escapen a la moderación de contenidos. Pero, por otro lado, tenemos que asegurarnos de que no haya lagunas legislativas para los medios de comunicación que no cumplen y difundir desinformación entre los ciudadanos europeos", había señalado Verheyen en una conferencia anterior en el Parlamento Europeo. "Para ser directo: el contenido que veas en tu periódico o televisión no dependerá de Elon Musk o Mark Zuckerberg", subrayó el eurodiputado.
Protección de fuentes
En la mesa de negociaciones el protección de fuentes y periodistas ante el espionaje, aspecto sobre el que las asociaciones de prensa han dado la voz de alarma. Sobre el papel, el texto del Parlamento impide que los periodistas sean víctimas de estos programas a menos que "esté justificado en el caso concreto y sea ordenado por una autoridad judicial independiente para investigar un delito grave", como el terrorismo o el tráfico de drogas. Humanos. Por otro lado, en su posición negociadora, los países de la Unión Europea incluyeron, a petición de Francia, la excepción de la protección de la "seguridad nacional" como pretexto para utilizar "software" de espionaje, por lo que ambas partes tendrán que negociar la forma final. del artículo en los próximos meses.
En el caso concreto de los medios públicos, los eurodiputados mantienen el criterio de la Comisión Europea en su propuesta inicial y son partidarios de que sus presupuestos se fijen con carácter plurianual, para evitar que se conviertan en moneda de cambio en las negociaciones anuales de las cuentas de un Estado miembro y reducir la incertidumbre en estos medios.
