El Ministerio Público ha incluido como testigos clave en el emblemático caso “Camaleón”, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario para la red semafórica del Gran Santo Domingo, a los directores de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Carlos Pimentel y Milton Morrison, respectivamente. Este juicio, que busca esclarecer un escándalo de corrupción que sacudió al país en 2024, tiene el potencial de marcar un precedente en la lucha contra el fraude en el sector público dominicano.
El caso gira en torno a la adjudicación de un contrato por más de RD$1,200 millones a la empresa Transcore Latam, propiedad del imputado Jochy Gómez, quien enfrenta cargos junto a otras nueve personas y siete empresas. Los funcionarios fueron citados para testificar en el juicio, pero ambos alegaron compromisos previos que les impidieron asistir. Morrison explicó que se encontraba en Estados Unidos atendiendo un problema de salud en la Cleveland Clinic, mientras que Pimentel señaló que estaba participando como panelista en una conferencia internacional de compras gubernamentales en Monterrey, México.
El Ministerio Público busca demostrar cómo se manipularon los pliegos de condiciones del contrato y cómo hubo violaciones a la Ley número 340-06, la cual regula las contrataciones públicas en el país. La inclusión de estos testigos es crucial para reconstruir los hechos, ya que la DGCP fue la entidad que inhabilitó el contrato tras detectar irregularidades, mientras que Morrison, quien asumió la dirección del Intrant tras el escándalo, fue quien denunció formalmente el presunto sabotaje que colapsó la red semafórica en agosto de 2024.
El juicio, que se llevará a cabo ante el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, fue aplazado hasta el 3 de septiembre debido a que uno de los imputados, Manuel Eduardo Mora Vásquez, informó no contar con representación legal. El tribunal le otorgó 48 horas para resolver su situación o recibir asistencia de la Defensoría Pública. Además, se emitió una orden de conducencia para asegurar la presencia de los testigos ausentes en la próxima audiencia.
Este caso no solo expone supuestas prácticas corruptas dentro de una institución clave para el transporte del país, sino que también pone a prueba la capacidad del sistema judicial para abordar escándalos de alto perfil en el sector público. Con diez imputados y múltiples evidencias en juego, el desenlace del juicio podría tener repercusiones significativas en la confianza ciudadana y en el futuro de las contrataciones públicas en la República Dominicana.
