España enfrenta una crisis energética sin precedentes que podría costar a su industria hasta 8.900 millones de euros para 2026. Este sobrecoste, impulsado por la escalada de los precios del gas natural licuado debido a la inestabilidad en el Golfo Pérsico, amenaza con golpear duramente a sectores clave de la economía española, poniendo en riesgo miles de empleos y la capacidad exportadora del país.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha elevado sus estimaciones desde los 7.400 millones de euros previstos en septiembre, advirtiendo que la situación se agrava más rápido de lo esperado. "Las empresas tendrán que absorber 1.500 millones adicionales en muy poco tiempo", señaló Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza.
El impacto ya es visible en las cifras. El consumo industrial de gas cayó un 9,4% en septiembre de 2026 respecto al año anterior, según el Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG) publicado por Enagás. Además, la demanda de gas en sectores intensivos se situó un 31% por debajo de la media de 2018-2021. Esta reducción no ha sido compensada por un aumento en el consumo de electricidad o fuentes energéticas alternativas, lo que sugiere que parte de la actividad industrial simplemente está desapareciendo.
El gobierno español intentó responder a la crisis con el Real Decreto-ley 25/2026, aprobado en septiembre, pero no incluyó las medidas específicas que la industria había estado exigiendo desde el verano. "Aprobar un decreto sin esas medidas equivale a dejar que el ajuste lo pague la producción", criticó la Alianza.
La industria española juega un papel crucial en la economía nacional, representando el 11,7% del PIB, el 32,1% del valor añadido bruto y el 45,2% del empleo, incluyendo efectos indirectos e inducidos. Además, sostiene el 90% de las exportaciones del país.
Ante este panorama, la Alianza ha presentado una lista de seis medidas urgentes que deberían implementarse antes del 31 de diciembre de 2026 para mitigar el impacto: compensaciones por los costes del gas, prórroga de ayudas estatales, reducción del Impuesto Especial Eléctrico al 0,5%, eliminación del IVPEE desde 2027, compensación de servicios de ajuste y mantenimiento de peajes electrointensivos reducidos.
La incertidumbre sobre el futuro inmediato es alta. La decisión sobre la prórroga del marco temporal de ayudas y la publicación del próximo IGIG determinarán si el cierre de 2026 será un pico temporal o un cambio permanente en la capacidad industrial española. Mientras tanto, las empresas y los trabajadores miran con preocupación cómo se desarrolla esta crisis, conscientes de que el costo de la energía podría ser secundario frente a la pérdida de capacidad productiva.
