La Declaración de solidaridad internacional con Bolivia fue aprobada por unanimidad el jueves durante la 26ª sesión ordinaria. Este documento surge en respuesta al polémico Estado de Excepción implementado por el presidente boliviano Rodrigo Paz, vigente desde el 20 de junio, que ha sido denunciado como una medida autoritaria para socavar garantías constitucionales fundamentales.
El Estado de Excepción ha sido utilizado para restringir derechos básicos, como la protesta, y para perseguir a figuras opositoras. Entre los casos más destacados figura el del senador Nilton Condori, detenido bajo acusaciones de terrorismo y asociación delictuosa por su participación en semanas de protestas contra las políticas del gobierno.
Alfredo Ayarde, concejal de Humahuaca, Argentina, y autor del proyecto, expresó su solidaridad con Bolivia durante la sesión. "No podemos permanecer ajenos y en silencio frente a lo que sucede en nuestro país hermano", afirmó. Destacó los lazos culturales e históricos entre ambas naciones y denunció la represión contra trabajadores, campesinos y pueblos originarios desde que Paz asumió el poder.
Ayarde también recordó las similitudes con la situación vivida en Jujuy, Argentina, en 2023, cuando comunidades originarias, docentes y trabajadores se unieron contra una reforma rechazada por la mayoría. Aquel movimiento aún enfrenta persecuciones judiciales, según el concejal.
El documento aprobado llama a extender la campaña internacional contra el Estado de Excepción en Bolivia y a apoyar las luchas contra los planes de ajuste en diversos países. "El derecho a rebelarnos contra este sistema miserable nos une", señaló Ayarde, quien subrayó la importancia de la solidaridad internacional con quienes luchan por mejores condiciones de vida y libertades democráticas.
Aunque la votación fue unánime, se destacó que sectores políticos argentinos, como el bloque de Javier Milei, están alineados con el gobierno de Paz y la ultraderecha boliviana. Este panorama se da en un contexto global de creciente rechazo a las medidas de ajuste impulsadas por gobiernos de derecha, evidenciado en protestas masivas en Europa y otras regiones.
La Declaración hace un llamado urgente a construir una alternativa que responda a las demandas sociales y derrote al imperialismo, apuntando hacia una perspectiva de huelga general como salida a la crisis.
