El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha acusado al gobierno actual de violar sistemáticamente la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2004. Johnny Pujols, secretario general del PLD, denunció que las instituciones estatales están negando o entregando información incompleta a medios de comunicación, ciudadanos y partidos políticos, lo que ha generado un clima de opacidad sin precedentes en las últimas dos décadas.
Pujols aseguró que, durante los gobiernos del PLD, cualquier solicitud de información pública era atendida de manera oportuna y transparente. “Los periodistas y ciudadanos recibían los documentos y, con base en ellos, se hacían críticas a las instituciones. Eso servía para corregir errores y equilibrar el poder”, explicó el dirigente opositor durante una entrevista en el programa D´AGENDA. Sin embargo, según él, ahora las entidades estatales evaden las solicitudes alegando que los documentos están incompletos o dilatan su entrega hasta que los solicitantes se desisten o recurren a instancias judiciales.
El Tribunal Superior Administrativo, encargado de resolver estos casos, tarda meses en emitir fallos, lo que, según Pujols, beneficia a las instituciones que incumplen la ley. “Nadie sabe qué ocurre durante ese tiempo ni cómo manipulan la información antes de entregarla, si es que lo hacen”, agregó el líder del PLD. Además, destacó que esta práctica no solo viola la ley, sino que también limita el derecho de los ciudadanos a conocer las ejecutorias de sus gobernantes.
La Ley de Acceso a la Información Pública fue creada para garantizar la transparencia y el control ciudadano sobre las acciones del Estado. Sin embargo, su incumplimiento ha generado preocupación entre organizaciones civiles y medios de comunicación, quienes han elevado recursos legales para exigir la entrega de datos públicos. Este caso podría tener implicaciones políticas significativas, especialmente en un contexto electoral donde la transparencia gubernamental es un tema clave.
El gobierno aún no ha respondido públicamente a estas acusaciones, pero la situación podría escalar si más instituciones y ciudadanos se suman a las denuncias. Mientras tanto, el PLD ha anunciado que seguirá presionando para que se respete la ley y se garantice el acceso a la información pública sin trabas ni dilaciones.
