Los partidos políticos en República Dominicana enfrentarán controles tan estrictos como los bancos bajo una nueva ley contra el crimen organizado y el dinero sucio en la política. El Senado aprobó en primera lectura una reforma que obligará a las organizaciones a revisar sus estatutos y crear unidades anticorrupción internas.
La normativa modifica la Ley 33-18 de Partidos y exige que cada agrupación designe equipos independientes para vigilar el origen de sus fondos. Estos órganos deberán reportar directamente a la Junta Central Electoral (JCE) y tendrán poder para investigar donantes, candidatos y dirigentes.
Los estatutos partidarios incluirán ahora protocolos contra el lavado de dinero, financiamiento terrorista y infiltración del narcotráfico. Las formaciones políticas deberán implementar:
– Sistemas de rastreo de todas las donaciones
– Verificación de antecedentes de precandidatos
– Canales anónimos para denuncias internas
– Sanciones por incumplimiento de las normas
La JCE supervisará los programas de cumplimiento, que incluirán capacitación obligatoria y auditorías periódicas. Los partidos que no adapten sus estructuras antes del plazo fijado enfrentarán multas y posibles suspensiones.
La reforma llega tras años de críticas por opacidad en el financiamiento político y casos de dirigentes vinculados a redes criminales. Expertos la consideran el mayor esfuerzo anticorrupción en el sistema electoral dominicano en la última década.
