El Ministerio Público denunció este miércoles que las defensas del exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros acusados están utilizando estrategias dilatorias para retrasar el juicio por corrupción administrativa, en un caso que involucra presuntas irregularidades por más de RD$6,000 millones durante su gestión (2016-2020). La procuradora Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que las tácticas incluyen recusaciones contra las juezas, solicitudes de aplazamiento e incidentes procesales que obstaculizan el avance del proceso.
El conflicto judicial se intensificó después de que las defensas de dos de los imputados presentaran una recusación contra las magistradas Yissel Soto, Clara Castillo y Harlin Elizabeth Rosario, quienes conocen el caso. Las juezas rechazaron los argumentos de la solicitud y decidieron remitirla a la Corte de Apelación del Distrito Nacional para su resolución, paralizando temporalmente las actuaciones procesales. Ortiz confía en que la Corte rechazará la recusación por falta de fundamentos legales.
El Ministerio Público ha acusado a las defensas de intentar evitar que se examinen las pruebas reunidas durante la investigación. Ortiz señaló que los abogados han recurrido a diversas maniobras, incluidas licencias médicas, incidentes procesales repetidos y expresiones que interpretó como amenazas contra las magistradas. "Es evidente que a lo que rehúyen es al conocimiento de las pruebas", afirmó Ortiz, quien insistió en que estas actuaciones buscan entorpecer el proceso.
El caso se remonta a una investigación por presuntos actos de corrupción, cobro de sobornos, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. Además de Rodríguez, son procesados otros 16 personas vinculadas a los hechos investigados. El Segundo Tribunal Colegiado fijó el 16 de noviembre como fecha tentativa para la próxima audiencia, aunque esta dependerá de la resolución de la Corte de Apelación sobre la recusación.
Este juicio es considerado uno de los más importantes en la lucha contra la corrupción en el país, ya que involucra a una figura prominente de alto perfil y monto millonario. Las próximas decisiones judiciales podrían marcar un precedente en la transparencia y eficacia del sistema judicial frente a casos de corrupción administrativa.
