En medio de una creciente ola de rechazo hacia los centros de datos de Inteligencia Artificial (IA), numerosos municipios de Estados Unidos han aprobado referendos con medidas restrictivas para limitar o prohibir su construcción. En 25 casos, fueron los propios vecinos quienes impulsaron estas votaciones mediante la recolección de firmas. Los resultados reflejan un contundente rechazo ciudadano a estos proyectos, especialmente en Ohio, donde se concentraron la mayoría de las consultas.
Entre las medidas aprobadas destacan prohibiciones basadas en el consumo energético, moratorias de seis meses para nuevos permisos de construcción, cambios en la zonificación de terrenos y exigencias de garantías financieras a las empresas beneficiadas con exenciones impositivas. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Trenton, donde el 80% de los votantes rechazó un megacampus de Amazon con 18 edificios. En Wilmington, cerca del 80% se opuso a recalificar tierras para otro proyecto de la misma empresa, mientras que en Perry el 87% exigió garantías a las compañías que solicitan beneficios fiscales.
El rechazo a estos centros de datos no es nuevo, pero ha alcanzado niveles sin precedentes. Según Gallup, siete de cada diez estadounidenses se oponen a la construcción de estas infraestructuras cerca de sus hogares. Solo en Ohio, más de 125 municipios han impuesto moratorias, y en el primer semestre de este año, la resistencia vecinal frenó o retrasó proyectos por casi 200.000 millones de dólares.
El principal motivo de esta oposición radica en el inmenso consumo de energía y recursos que requieren estos centros. Un solo campus puede demandar tanta electricidad como una ciudad entera. Por ejemplo, un proyecto rechazado en Monterey Park, California, hubiera consumido el triple de energía que todo el municipio. Este nivel de demanda presiona las redes eléctricas y aumenta las facturas de los residentes. En Ohio, las tarifas residenciales subieron más de un 20% en dos años, y en la región atendida por la red PJM, los usuarios pagarán este año 7.300 millones de dólares adicionales por la capacidad requerida por los centros de datos.
Además del consumo energético, los centros de datos también son criticados por su uso excesivo de agua para refrigeración, especialmente en áreas con crisis hídricas, y por el ruido constante que generan. Las exenciones impositivas que reciben las empresas también han sido un punto de controversia.
Esta tendencia representa un desafío para las grandes tecnológicas y para el expresidente Donald Trump, quien ha promovido los centros de datos como clave para competir con China en la carrera de la IA. Trump llegó a afirmar que quienes se oponen a estos proyectos buscan ser "atrasados y pobres". Sin embargo, la campaña de las Big Tech, respaldada por inversionistas como Marc Andreessen y cofundadores de OpenAI, gastó millones en publicidad en Ohio sin lograr revertir el rechazo ciudadano.
El impacto político también ha sido significativo. Según Reuters, los candidatos que se mostraron contrarios a los centros de datos obtuvieron mejores resultados que aquellos que los apoyaron abiertamente. Este movimiento refleja un creciente descontento hacia quienes deciden sobre recursos esenciales como el agua y la energía, mientras los costos recaen sobre las comunidades locales.
En última instancia, el rechazo no es a la tecnología en sí, sino al control que unas pocas corporaciones ejercen sobre los recursos y el territorio. La disputa sobre quién decide qué se construye, dónde y para quién, es parte de una lucha más amplia por un futuro más equitativo.
