El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha absuelto a Rosa Antonia Disla de todos los cargos relacionados con el caso de corrupción conocido como "Operación Coral", un escándalo que sacudió al país por su magnitud y las implicaciones de altos funcionarios. Además, el tribunal ordenó la devolución de todos los bienes que le fueron incautados durante el proceso judicial. Esta decisión marca un giro significativo en un caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública desde que estalló en 2025.
Disla había sido inicialmente condenada a cinco años de prisión suspendida en enero de 2025 por lavado de activos, tras ser acusada por el Ministerio Público de actuar como "testaferra" en una red que supuestamente desfalcó al Estado en RD$4,500 millones. Su hijo, el coronel Rafael Núñez de Aza, figura como uno de los principales implicados en el caso. Sin embargo, la sentencia fue anulada en septiembre de ese mismo año, lo que llevó a un nuevo juicio que culminó con su absolución definitiva.
El fallo fue emitido por los magistrados Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, quienes determinaron que no había pruebas suficientes para mantener las acusaciones en su contra. Este caso ha sido emblemático dentro de los esfuerzos del sistema judicial para abordar la corrupción en el país, un tema que ha generado creciente preocupación ciudadana y debate político.
La Operación Coral, que involucra a militares y funcionarios públicos, ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de la nación. El caso ha puesto bajo escrutinio la efectividad de las instituciones encargadas de combatir este flagelo, especialmente en lo que respecta a la recuperación de fondos públicos y la rendición de cuentas.
La absolución de Disla podría reabrir el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en los procesos judiciales relacionados con la corrupción. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando a otros implicados en el caso, en un intento por recuperar los fondos desviados y garantizar que se haga justicia.
Este fallo no solo cierra un capítulo en la vida de Disla, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de las investigaciones relacionadas con la Operación Coral y la capacidad del sistema judicial para abordar casos de esta envergadura.
