Fraude millonario en Senasa: Cobraron por servicios médicos que nunca existieron

Fraude millonario en Senasa: Cobraron por servicios médicos que nunca existieron

El Ministerio Público ha revelado que el 100% de los servicios de telemedicina y atención primaria facturados y cobrados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por una empresa vinculada a Rafael Luis Martínez Hazim nunca llegaron a los afiliados. Este escándalo forma parte de una investigación por un presunto desfalco de más de 15 mil millones de pesos al sistema de salud público.

Las auditorías realizadas muestran que ninguno de los afiliados contactados reconoció haber recibido los servicios médicos que fueron facturados al Senasa. Martínez Hazim, sobrino del entonces director de Senasa, es uno de los imputados en este caso. Aunque inicialmente se solicitó una medida de coerción de 18 meses de prisión, esta fue modificada a arresto domiciliario debido a su colaboración con las autoridades.

Se acusa a Martínez Hazim de formar parte de una estructura criminal organizada que operaba dentro de Senasa para desviar fondos públicos. La empresa Grupo Siulrod S.R.L., de la cual era gerente y "cara pública", habría sido utilizada para facturar servicios médicos y de telemedicina que nunca se prestaron. Aunque no figuraba formalmente como accionista, se benefició de su vínculo familiar con Santiago Hazim, el entonces director de Senasa, para obtener un código de prestador de servicios de salud de manera preferencial.

Mediante este esquema, Martínez Hazim y sus socios se habrían apropiado de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Además, se le señala por utilizar su influencia para atraer a inversionistas extranjeros a alianzas comerciales fraudulentas, prometiendo acceso garantizado a los seguros médicos manejados por su tío.

El Ministerio Público continúa con la investigación en una segunda fase, denominada Senasa 2.0, que incluye a importantes cadenas farmacéuticas sospechosas de cometer actos de corrupción dentro del sistema de salud. Este caso destaca la gravedad del fraude y la necesidad de fortalecer los controles para proteger los recursos públicos.

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