Contrataciones de salud en el ojo del huracán: Autoridades defienden legalidad de procesos millonarios
El gobierno dominicano salió al paso este martes para defender la legalidad de contratos por 13 mil millones de pesos en servicios médicos especializados, tras críticas sobre supuestas irregularidades en las adquisiciones. La Dirección de Contrataciones Públicas aseguró que los procesos siguieron estrictamente la ley, en medio de un debate nacional sobre transparencia en el gasto sanitario.
Los cuestionamientos surgieron tras un reportaje que señalaba el uso de mecanismos de "excepción" para contratar servicios de diálisis y nutrición clínica. Sin embargo, las autoridades explicaron que se aplicó la figura legal de "exclusividad", permitida cuando solo un grupo reducido de proveedores puede ofrecer servicios de alta especialización.
"Estamos hablando de áreas donde la vida de los pacientes está en juego. No es capricho, es necesidad", afirmó el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Detalló que en estos sectores, el número de proveedores calificados oscila entre uno y cuatro, debido a los estrictos requisitos técnicos y de infraestructura requeridos.
El organismo reveló que los procesos incluyeron llamados públicos para verificar la existencia de posibles oferentes, y que incluso se resolvieron recursos administrativos que confirmaron la validez de los procedimientos. "No hubo puertas cerradas. Hubo transparencia dentro de un mercado naturalmente restringido", insistió Pimentel.
Este caso llega en un momento sensible para el sistema de salud dominicano, que enfrenta crecientes demandas ciudadanas por mejoras en la atención pública. Solo en los últimos cinco años, el presupuesto sanitario ha crecido un 42%, según cifras oficiales, lo que ha incrementado el escrutinio sobre cómo se gastan estos fondos.
Expertos consultados coinciden en que el debate debe centrarse en equilibrar la agilidad en servicios críticos con los controles necesarios. Mientras, el gobierno advierte que imponer trámites burocráticos estándar en áreas tan especializadas podría poner en riesgo vidas humanas.
La polémica parece lejos de cerrarse, con legisladores anunciando que revisarán estos contratos en las próximas semanas. Lo que está claro es que el manejo de los recursos para salud seguirá bajo la lupa en un país donde el 70% de la población depende de los servicios públicos médicos.
