El alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, enfrenta serias acusaciones de corrupción y abuso de poder tras denuncias presentadas por dos regidores y una empresa de recolección de basura. Las investigaciones, lideradas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), revelan presuntas irregularidades en contratos, pagos informales y violaciones en procesos de licitación.
Las denuncias comenzaron cuando dos regidores acusaron al alcalde de contratar a peones haitianos indocumentados y realizar pagos en efectivo sin transparencia. Además, una empresa de recolección de desechos sólidos asegura que fue desplazada ilegalmente, a pesar de haber ganado una licitación formal. La empresa, Peters Global Management Services SRL, denuncia que su contrato fue cancelado de manera abrupta y sin justificación válida.
El alcalde justificó la creación de brigadas municipales argumentando la falta de personal dominicano dispuesto a trabajar. Sin embargo, Peters Global sostiene que su equipo estaba disponible y fue apartado con “abuso de poder, premeditación y alevosía”. La empresa también denuncia que sus camiones fueron objeto de agresiones y obstrucciones operativas, como la imposibilidad de acceder al vertedero.
El caso se complicó cuando el alcalde autorizó, apenas 24 horas después de asumir el cargo, la contratación de un camión compactador por RD$4.7 millones, pese a que seguía vigente un contrato millonario con Peters Global. Además, el alcalde declaró un estado de urgencia que permitió una contratación directa, lo que ha sido cuestionado por su legalidad.
Michael Rafael Peters Dalmau, representante de Peters Global, denunció que el alcalde buscaba manejar directamente la nómina, la compra de combustible y otros aspectos de la flotilla, lo que considera una maniobra para controlar los recursos económicos. Peters también lamentó que al menos 50 familias quedaron sin sustento debido a la cancelación abrupta del contrato.
El 28 de abril de 2025, Peters formalizó su denuncia ante la Pepca, acusando al alcalde de violar el debido proceso administrativo, la Ley de Compras, y cometer prevaricación y abuso de poder. “Lo que espero del Pepca es que investigue. Tenemos pruebas de que el alcalde ignoró los actos de alguacil. La rescisión no es legal”, afirmó Peters.
Mientras las investigaciones avanzan, la presión pública y política crece, exigiendo mayor transparencia en la administración municipal de La Romana. El caso podría tener implicaciones significativas para el futuro político del alcalde Metivier y la gestión de los recursos públicos en la ciudad.
