Familias desplazadas en Santo Domingo regresan a zonas de riesgo por indemnizaciones insuficientes
Cientos de familias realojadas por el plan gubernamental para rescatar la margen del río Ozama en Santo Domingo Este están volviendo a ocupar humedales vulnerables, debido a que las compensaciones económicas no les permiten acceder a viviendas dignas. La Fundación Dominicana Amor a los Envejecientes y la Niñez (Fundoamor) alerta que esta práctica amenaza el objetivo clave del proyecto: recuperar el principal afluente de la capital dominicana y evitar asentamientos en zonas inundables.
Según Franklin Tamayo, presidente de Fundoamor, al menos 300 familias reinscritas por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios (URBE) se han reinstalado en la misma ribera, aunque en puntos algo más alejados. Las indemnizaciones—que oscilan entre RD$300,000 y RD$600,000—son insuficientes para comprar o alquilar viviendas en áreas seguras, lo que las obliga a permanecer en terrenos precarios. Tamayo, quien ha sufrido amenazas por sus denuncias, sostiene que el problema no se resuelve con pagos monetarios, sino con la construcción previa de complejos habitacionales, como ocurrió con el proyecto La Nueva Barquita.
El plan de recuperación de la margen oriental del Ozama, valorado en RD$409.5 millones, busca mejorar las condiciones de vida de 62,815 residentes y sanear el río, clave para el abastecimiento de agua en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, la falta de alternativas habitacionales concretas está perpetuando la ocupación irregular. Autoridades como el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, han supervisado los avances, pero organizaciones sociales exigen soluciones estructurales para evitar que las familias sigan atrapadas en el ciclo de pobreza y riesgo ambiental.
Expertos advierten que, sin medidas integrales, el déficit de viviendas se agravará y los esfuerzos por rehabilitar el Ozama—víctima de décadas de contaminación—quedarán en entredicho. Mientras, las familias desplazadas enfrentan un dilema: aceptar indemnizaciones que no cubren sus necesidades o seguir viviendo en zonas que el propio gobierno considera inviables.
