La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) se pronunció sobre el conflicto entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal en el río Masacre.
Compartimos texto completo:
La construcción de un canal en el río Masacre, con el objetivo de dirigir fuentes de agua hacia Haití, provocó, entre otras medidas, que República Dominicana cerrara su frontera con el país vecino. Esta situación ha creado tensión en las relaciones diplomáticas de ambos Estados, disponiéndose que los cierres de fronteras se mantendrán hasta que se suspenda la construcción del canal y se alcance un acuerdo amistoso entre ambas naciones.
El tema de las aguas transfronterizas del río se rige por lo establecido en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 firmado por ambos países. En el artículo 10, respecto de los ríos que nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites, establece que ambas partes se comprometen a no realizar ni consentir unilateralmente ninguna obra que pueda cambiar el curso del los primeros o alterar el producto de las fuentes de los segundos.
En este sentido, República Dominicana se mantiene abierta a buscar una solución equitativa e igualitaria para ambos territorios. Sin embargo, producto del desorden del gobierno central haitiano en relación a las pandillas y grupos armados que pretenden resistir, ha sido imposible encontrar medidas que permitan establecer un control armonioso para remediar este enfrentamiento.
La administración de estas fuentes acuíferas es de vital importancia, especialmente para mantener el riego de tierras y otros fines agrícolas e industriales. Por ello, siempre apegados al marco de la legalidad y la razonabilidad, se debe prever un uso de proporcionalidad sustancial para que las obras derivadas de estas fuentes no violen los derechos de los ciudadanos residentes en ambas naciones, ni violen los límites y fronteras. acuerdos firmados por ambos territorios.
Para ello es imprescindible que se realice un estudio ambiental sobre el impacto que podría causar la construcción de dicho canal. Además de ser un deber y derecho constitucionalmente protegido, dentro de las agendas de desarrollo y sostenibilidad de cada Estado está presente promover un ambiente sano y seguro, analizando con especial cautela las consecuencias que genera la realización de cualquier trabajo que implique la salvaguardia. de entornos naturales.
Es crucial que se ejecute un plan de manejo ambiental que reconozca y pondere las repercusiones que dicho proyecto tendría en la salud y calidad de vida de los potencialmente afectados inmediatos que residen en las cercanías de la zona, en conjunto con las afectaciones terrestres y vegetales. . y animales que podrían pasar.
FINJUS considera que el diálogo es la salida para que esta situación pueda resolverse. Tanto Haití como República Dominicana deben priorizar en sus agendas la conformación de mesas de diálogo para contrarrestar la tensión provocada y establecer medidas que permitan continuar las relaciones y el desarrollo equilibrado de ambos Estados. Es necesario que en todo momento esté presente la legalidad de las acciones, dejando así de lado otros intereses no jurídicos e irrazonables que puedan surgir.
