Chile rechaza presiones de EE.UU. y reafirma su compromiso con la Corte Penal Internacional
El gobierno chileno cerró filas este jueves al confirmar su permanencia en la Corte Penal Internacional (CPI), desafiando las presiones de la administración Trump para que países latinoamericanos abandonen el tribunal. La postura fue ratificada por el canciller Francisco Pérez Mackenna desde La Moneda, en un claro mensaje de autonomía diplomática.
La declaración surge tras el llamado público del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, a los miembros de la coalición antidrogas A3C —incluido Chile— para que renuncien a la CPI. Estados Unidos, que no reconoce la jurisdicción del organismo, argumenta que este vulnera la soberanía nacional. Sin embargo, Santiago respondió con firmeza: "Seguimos siendo miembros", subrayó el ministro, evitando críticas directas pero marcando distancia.
El episodio escaló después de que el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, calificara como inaceptable cualquier intento de tratar a la región como "patio trasero", en alusión a la doctrina Monroe mencionada por funcionarios norteamericanos. Aunque Pérez Mackenna evitó comentar esas declaraciones, destacó la coordinación entre ambas carteras.
La CPI, creada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, enfrenta una campaña global de Washington, que incluso ha impuesto sanciones a sus integrantes. Esta semana, cuatro organizaciones de derechos humanos demandaron al gobierno de Trump por esas medidas, según reveló Human Rights Watch.
Chile, anclado en su tradición multilateralista, parece dispuesto a resistir las presiones. La decisión podría influir en otros países de la región, mientras la coalición A3C —impulsada por EE.UU. para combatir el narcotráfico— enfrenta su primera prueba de cohesión. La cancillería local anticipa que mantendrá su postura "sin perjuicio de posibles mejoras" en el sistema internacional.
La tensión refleja el pulso entre la política exterior estadounidense y la defensa latinoamericana de mecanismos globales de justicia. Observadores prevén que el tema dominará la agenda diplomática en los próximos meses, especialmente tras la reciente cumbre de Panamá.
