Santo Domingo.- La Primera Sala de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional declaró improcedente el pedido de libertad del exfuncionario José Ramón Peralta, uno de los imputados en el caso de corrupción denominado Calamar.
El ex Ministro Administrativo de la Presidencia buscó este jueves la revocación de la prisión y pidió la nulidad de la decisión de la jueza Patricia Padilla, quien a inicios de septiembre ratificó administrativamente su prisión preventiva.
«El tribunal entendió que se violó el debido proceso para todos nosotros, al conocerse un pedido de revisión de una medida coercitiva sin notificar a las partes, sin citarlas a audiencia. En ese sentido, el Juzgado acaba de devolver el caso para que el juez de control, en este caso el Juzgado Segundo de Instrucción, conozca la solicitud formulada por el señor José Ramón”, explicó la abogada Rosa Alba García.
El representante del Ministerio Público se refería a la jueza Patricia Padilla, a quien la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelaciones apartó del caso de corrupción de Calamar a mediados de septiembre, a pedido de la defensa de José Ramón Peralta.
Según la resolución del tribunal en ese momento, el juez Padilla “actuó con excesiva discrepancia” al dejar sin efecto la revisión preceptiva de la medida coercitiva que correspondía al imputado José Ramón Peralta.
La resolución número 502-01-2023-SRES-00303 establece que el juez que lleva el expediente llamado Calamar, al no realizar la audiencia, violó “los principios de oralidad, publicidad y contradicción” en el proceso judicial.
Luego de sacar a la jueza Padilla del proceso Peralta, Ana Lee Florimón fue seleccionada como jueza interina de control para conocer el expediente de corrupción del exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.
En ese sentido, hoy la defensa de Peralta presentó un recurso de apelación alegando que dado que la jueza Padilla violó los derechos fundamentales y el debido proceso seguido por su cliente, también debe anularse la ratificación de la presión preventiva que impuso administrativamente a su cliente. cliente, quien es condenado a 18 meses de prisión como medida de coerción.
La defensa de Peralta argumentó que dado que el juez Padilla violó el debido proceso, se debió variar la medida de coerción, la cual no ha sido revisada en audiencia desde hace siete meses.
"La situación crítica es que siete meses después no ha habido un tribunal donde se puedan discutir los elementos que justifican su libertad", dijo el abogado Pedro Balbuena.
Según el Ministerio Público, afirman que los imputados en el caso Calamar robaron más de 17 mil millones de pesos al Estado, que sumados a unos 2,1 mil millones de deuda administrativa, suman más de 19 mil millones.
El Ministerio Público acusa al exfuncionario de asociación delictuosa, lavado de activos producto de actos de corrupción para sustraer recursos del Estado, cohecho y otros delitos. Esta acción se suma a otras interpuestas por el imputado para obtener su libertad, pero han sido desestimadas.
