El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, desmintió este miércoles las afirmaciones que se le atribuyen sobre el desconocimiento del Gobierno acerca del número exacto de empleados públicos en el país. Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Freund aseguró que nunca declaró que el Estado dominicano ignore la cantidad de servidores públicos, rechazando así las versiones divulgadas en medios de comunicación.
Freund explicó que las cifras que circulan, como los 780 mil cotizantes registrados por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no representan exclusivamente a empleados de la administración pública. Según el ministro, esos datos incluyen trabajadores de diversas instituciones estatales, como el Poder Judicial, el Legislativo y los ayuntamientos, además de casos de personas con más de un empleo, como algunos docentes.
El funcionario destacó que el Sistema de Administración del Servicio Público (SASP), gestionado por su ministerio, registra alrededor de 500 mil empleados públicos. Sin embargo, aclaró que este sistema no abarca a todas las instituciones, ya que algunas operan con registros independientes. “Existe una fragmentación en los registros de empleados públicos”, admitió Freund, al señalar que instituciones como Contraloría y el propio ministerio manejan bases de datos separadas.
La falta de un registro unificado ha generado dudas sobre la precisión de las cifras oficiales, lo que podría tener implicaciones para la gestión de recursos humanos y presupuestarios en el sector público. Freund insistió en que los datos del SASP son confiables, pero reconoció que no incluyen a todas las entidades estatales históricamente autónomas.
El Gobierno enfrenta el desafío de consolidar estos registros para optimizar el manejo del personal público y garantizar transparencia en la administración de recursos. Sin embargo, Freund no mencionó planes específicos para integrar los sistemas actualmente fragmentados.
Este debate surge en un momento en que el Estado dominicano busca mejorar la eficiencia en la gestión pública, un tema relevante frente a las demandas ciudadanas de mayor transparencia y rendición de cuentas. La precisión de las cifras será clave para avanzar en estas reformas, aunque aún no hay indicios de cambios inmediatos en los sistemas de registro.
