Exlíder dominicano advierte sobre riesgos de combatir crimen fuera de la ley
El expresidente Leonel Fernández encendió el debate nacional al cuestionar los operativos policiales que han dejado decenas de muertes de presuntos delincuentes, insistiendo en que la seguridad ciudadana no puede lograrse violando derechos fundamentales. El líder opositor, en declaraciones contundentes, rechazó el llamado "código 29″ —eufemismo local para supuestas ejecuciones extrajudiciales— y exigió reformas basadas en prevención y formación policial.
Fernández, quien gobernó el país en tres periodos, recordó que la Constitución dominicana prohíbe la pena de muerte y advirtió que cualquier acción de seguridad debe ajustarse al marco legal. "La ciudadanía clama por calles seguras, pero no a costa de convertirnos en un Estado sin garantías", afirmó durante un acto público. Sus palabras llegan en medio de una ola de críticas por 47 muertes en supuestos enfrentamientos con la Policía en lo que va de año, según registros de organizaciones civiles.
El exmandatario defendió su programa Barrio Seguro —implementado durante su gestión— como modelo para reducir la criminalidad mediante inteligencia policial y reinserción social. Destacó que bajo esa estrategia, agentes fueron capacitados en universidades estadounidenses, elevando la tasa de resolución de casos al 78%, según datos oficiales de la época.
La polémica se intensificó tras una denuncia presentada por abogados de derechos humanos contra el director de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez, por presuntas ejecuciones sumarias. "Toda acusación requiere pruebas", respondió el jefe policial, quien niega irregularidades y atribuye las muertes a "enfrentamientos armados". Autoridades judiciales confirmaron que investigan al menos 12 casos recientes por posibles excesos.
Mientras organizaciones internacionales piden transparencia, el gobierno defiende su estrategia de "mano dura", citando una reducción del 15% en homicidios este año. Analistas políticos prevén que el tema dominará la agenda pública, especialmente tras el llamado de Fernández a una cumbre nacional para reformar el sistema de seguridad sin sacrificar el Estado de derecho. La presión crece: la próxima semana, el Congreso debatirá una propuesta para fiscalizar los operativos policiales.
