El gobierno dominicano respondió al llamado realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al diálogo sobre el río Masacre. A través de un comunicado, República Dominicana aseguró que estaba dispuesta a dialogar con el vecino país de Haití siempre y cuando detenga la construcción del canal.
A continuación se muestra el comunicado completo del gobierno.
El gobierno dominicano agradece al secretario general de la OEA, Luis Almagro, su llamado al diálogo ante el diferendo surgido con Haití por la construcción unilateral e ilegal de un canal de trasvase en el río Dajabón. República Dominicana reconoce que el diálogo es el mecanismo ideal para resolver cualquier diferencia; Pero un diálogo efectivo requiere que ambas partes posean no sólo buena fe, sino también las capacidades institucionales necesarias y el control efectivo de su territorio para aplicar las soluciones acordadas.
La Constitución expresa que el territorio de la República Dominicana es inalienable. Agregando además que, los ríos y demás cursos de agua; el mar territorial, el fondo y el subsuelo marinos; El espacio aéreo y el espectro electromagnético conforman el territorio nacional. El río Dajabón, que tiene su nacimiento y desembocadura dentro del territorio nacional, es irrenunciable. Esta condición implica que su propietario, el pueblo dominicano, no puede en ningún caso privarse o ser privado de su uso.
La construcción unilateral de un canal de trasvase con capacidad de desviar el curso de agua de su cauce natural supondría la posible extinción del caudal del río aguas abajo hasta su desembocadura. En términos prácticos, esto permitiría la enajenación de un bien de dominio público esencial, que sustenta las actividades productivas de la zona y sus recursos naturales.
Es responsabilidad de las autoridades dominicanas garantizar el uso sustentable y la protección de los ríos fronterizos. Es necesario, por tanto, que la contraparte haitiana detenga de inmediato la construcción unilateral e ilegal del canal de transferencia conectado al río Dajabón-Masacre, hasta tanto se realicen los estudios que determinen el alcance, impacto y beneficiarios de la obra.
El gobierno haitiano debió proporcionar en el momento oportuno la información relacionada con los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto. Las autoridades del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití (MARNDR) reconocieron en un documento entregado informalmente que el proyecto carecía de planes al momento de su ejecución.
"El gobierno dominicano se mantiene abierto al diálogo con las autoridades haitianas, pero con la única condición de que decidan detener la construcción del canal de trasvase en el río Dajabón-Masacre."
Hacemos un enérgico llamamiento a la OEA, a través del Secretario General, para que utilice urgentemente sus buenos oficios de conformidad con el mandato establecido en su Carta, y en particular en su Artículo 2 (C), con el objetivo de asegurar una solución pacífica al actual controversia y evitar un mayor deterioro de las relaciones entre los dos países. Esto es de la mayor importancia en un momento tan delicado, dado que en unos días el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidirá sobre el despliegue de una misión multinacional de seguridad y apoyo en Haití, para restablecer el orden público y la institucionalidad. en el estado vecino.
El gobierno dominicano solicita al Secretario General visitar urgentemente la zona en cuestión, recabar la información pertinente y presentar un informe detallado al Consejo Permanente de la OEA, para su edificación sobre esta situación.
Además, el gobierno dominicano se reserva el derecho de recurrir a los demás órganos de la OEA o cualquier otro organismo internacional relevante.
Los dos Estados se benefician de un acuerdo, alcanzado a través del diálogo, para el uso de fuentes hidrográficas compartidas y que es respetuoso del espíritu y la letra del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 20 de febrero de 1929.
