El Ministerio Público solicita más tiempo para investigar el monumental fraude en Senasa que dejó al Estado sin miles de millones de pesos. La Justicia aplazó hasta septiembre la audiencia clave donde se debatirá la prórroga para presentar cargos contra los implicados en este escándalo de corrupción sistémica.
Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de Persecución, reveló que la complejidad del caso obliga a extender las pesquisas. "En Senasa la corrupción era la norma", declaró citando el testimonio de uno de los imputados. Las pruebas apuntan a un entramado criminal que operaba mediante sobornos, falsificación documental y desvío de fondos públicos.
El séptimo juzgado del Distrito Nacional reprogramó la vista para el 4 de septiembre tras un imprevisto familiar de la defensa. Mientras tanto, once acusados -incluido el exdirector Santiago Hazim Albainy- permanecen con prisión preventiva o arresto domiciliario por su presunta participación en el esquema fraudulento.
Las investigaciones, iniciadas bajo la Operación Cobra, han destapado tres estructuras paralelas de corrupción dentro del organismo de salud. Fuentes judiciales anticipan nuevas imputaciones conforme avance el proceso. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, lavado de activos y estafa al Estado por montos que podrían superar los 30,000 millones de pesos.
El Ministerio Público mantiene bajo reserva aspectos clave de la investigación para no comprometer las pesquisas. Sin embargo, se confirmó que continúan las pesquisas sobre los programas especiales utilizados para desviar fondos y las alteraciones en registros contables.
Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana. Su resolución marcará un precedente en la lucha contra el crimen organizado dentro de instituciones públicas. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si la Justicia autoriza ampliar el plazo de investigación como solicita la Fiscalía.
