El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha exigido a Estados Unidos que retire las sanciones impuestas contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el abogado senegalés Abdoulaye Seye. Türk calificó las medidas, anunciadas por la Administración Trump, como "inaceptables" y pidió a los estados miembros que defiendan las instituciones creadas para proteger los derechos humanos.
Las sanciones fueron implementadas en respuesta a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, que incluyen órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a Akane y Seye en su lista negra por su participación en estas investigaciones, argumentando que el TPI carece de jurisdicción sobre países que no han ratificado el Estatuto de Roma.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su "profunda preocupación" por estas medidas, que también afectan a otros empleados de la CPI, incluidos ocho jueces, dos fiscales adjuntos y el exfiscal jefe Karim Jan. Guterres reiteró su respaldo a la corte, describiéndola como un "pilar fundamental de la justicia penal internacional".
Turk instó a los estados a proteger a quienes enfrentan represalias por su labor en defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. Este enfrentamiento subraya las tensiones entre Estados Unidos y los organismos internacionales, en un momento en que la CPI busca reforzar su papel en la lucha contra la impunidad en conflictos globales.
