Fusión de expedientes en mega caso de corrupción: Justicia dominicana avanza contra red que desfalcó RD$19 mil millones
Un tribunal dominicano ordenó este miércoles la fusión de expedientes en el monumental caso de corrupción administrativa que involucra a 40 acusados, entre ellos exfuncionarios de alto rango y empresarios. La decisión judicial consolida las investigaciones por un desfalco millonario al erario público que supera los RD$19 mil millones, en uno de los mayores escándalos de malversación en la historia reciente del país.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y unificó los procesos contra el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero, el abogado Ángel Lockward y otros implicados en la llamada Operación Calamar. Entre los acusados también figuran el excontralor Daniel Omar Camacho, exdirectores de instituciones públicas y varios empresarios vinculados a pagos irregulares y sobornos.
La red operaba mediante un sofisticado esquema que incluía falsificación de documentos, desvío de fondos por expropiaciones fraudulentas, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas. Según las pruebas presentadas por fiscales, los investigados crearon una estructura criminal que se infiltró en múltiples entidades estatales durante años.
La audiencia clave para iniciar el juicio fue programada para septiembre de 2026 luego de que el tribunal rechazara un pedido de ampliación de plazos presentado por los abogados defensores. El equipo fiscal, encabezado por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, sostiene que los acusados cometieron delitos como asociación ilícita, soborno y coalición de funcionarios, respaldados por más de 1,200 pruebas documentales.
Este caso marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, donde la ciudadanía ha exigido mayor transparencia tras una serie de escándalos en los últimos años. Las autoridades aseguran que la unificación de los expedientes agilizará el proceso judicial y evitará dilaciones.
La investigación, iniciada en 2023 con allanamientos en cuatro provincias, dejó al descubierto una trama que involucraba desde pagos ficticios hasta manipulación de licitaciones públicas. Mientras los imputados enfrentan posibles condenas, el Ministerio Público sigue analizando si apelará la absolución de otros cinco exfuncionarios vinculados al caso.
Con el avance de este proceso, el país espera sentar un precedente contra la impunidad en casos de corrupción de gran escala. Los próximos meses definirán si la justicia logra recuperar los miles de millones desviados y aplicar sanciones ejemplares.
