Once policías están bajo investigación por la supuesta ejecución de cinco civiles en Santiago, en un caso que ha generado indignación nacional y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema judicial. El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para completar el expediente, mientras la población sigue exigiendo justicia.
Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2025 en La Barranquita, donde los agentes aseguraron haber participado en un enfrentamiento armado. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que se trató de una ejecución extrajudicial. Uno de los implicados, el teniente coronel Hansel Michel Cuevas Carrasco, fue ascendido y nombrado jefe del Departamento de Investigaciones Criminales en Puerto Plata, lo que ha aumentado la desconfianza ciudadana.
El caso ha puesto en jaque la credibilidad de las fuerzas de seguridad y ha reavivado el debate sobre los abusos policiales en el país. Las autoridades han sido criticadas por la lentitud del proceso y la falta de detalles sobre las víctimas y los acusados. La sociedad civil y organismos de derechos humanos han pedido una investigación rápida y transparente.
El Ministerio Público enfrenta ahora el desafío de asegurar que el expediente esté sólidamente estructurado para evitar impunidad. La presión pública y el escepticismo hacia las instituciones podrían aumentar si no se toman medidas concretas en las próximas semanas. El caso de La Barranquita sigue siendo un test clave para la justicia dominicana.
