El juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados en un presunto desvío de más de RD$6,000 millones se ha estancado nuevamente tras una disputa sobre plazos procesales, evidenciando las tensiones entre las defensas y el tribunal. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió posponer hasta el 11 de noviembre la resolución de varios pedimentos presentados por los abogados defensores, pero el límite de tres días para interponer recursos desató un nuevo enfrentamiento entre las partes.
Las defensas argumentaron que el plazo de tres días es insuficiente para un caso de esta complejidad y exigieron que se amplíe a seis días hábiles. El Ministerio Público, por su parte, se mantuvo firme en el plazo original. Ante el callejón sin salida, las juezas Yissel Soto, Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López anunciaron que abordarán el tema este miércoles 4 de noviembre en una audiencia oral, mientras mantienen la fecha prevista para el fondo del juicio.
Desde su inicio en 2021, este proceso judicial ha estado marcado por continuos retrasos y recursos interpuestos por las defensas. La etapa de instrucción y la audiencia preliminar se prolongaron durante casi dos años, desde mediados de 2022 hasta junio de 2024, debido a la cantidad de incidentes planteados. El juicio de fondo, que comenzó este año, aún no ha podido avanzar en la presentación formal de pruebas, debido a las constantes excepciones y oposiciones de los imputados.
Carlos Balcácer, abogado defensor de Rodríguez, criticó duramente la decisión del tribunal al salir de la audiencia, advirtiendo que las juezas están "desafiando la ley" al establecer un plazo menor al establecido. "Ellas vienen aquí a desafiar la ley: Lo primero es que el recurso de oposición fuera de audiencia son seis días, no tres. Ellas dieron tres. Recurrimos y ahora ellas vienen de forma desafiante", expresó Balcácer.
Los imputados, liderados por Rodríguez, enfrentan acusaciones de haber dirigido un entramado para desviar fondos públicos a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario durante su gestión como procurador general. El caso también involucra a otras siete personas, incluyendo a Jonnathan J. Rodríguez Imbert y Alfredo Alexander Solano Augusto, quienes habrían participado en el supuesto esquema de corrupción.
Este nuevo impasse genera dudas sobre cuándo se podrá avanzar hacia una resolución definitiva en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país, mientras la ciudadanía sigue atenta a los desarrollos de un proceso que ha sido testigo de múltiples obstáculos desde su inicio.
