Decenas de detenidos atrapados en limbo legal: pasan semanas en destacamentos sin ver a un juez
Una grave crisis en el sistema judicial mantiene a decenas de ciudadanos encerrados en destacamentos policiales durante semanas, sin ser llevados ante un tribunal para formalizar su situación legal. La Fundación Primero Justicia denuncia que esta práctica viola el plazo constitucional de 48 horas y equipara la situación a un "secuestro institucional".
El problema se agrava por el colapso del sistema penitenciario, que se niega a recibir más reclusos en centros como San Luis, Las Parras y La Victoria por falta de espacio. Mientras tanto, las autoridades judiciales y penitenciarias se culpan mutuamente, dejando a los detenidos en un vacío legal peligroso.
Condiciones inhumanas y plazos incumplidos
Algunos arrestados llevan hasta seis semanas hacinados en celdas policiales, sin acceso a un juez que evalúe su caso. La Constitución exige que, en un máximo de 48 horas, toda persona detenida sea presentada ante un tribunal para determinar si procede prisión preventiva o libertad. Sin embargo, este derecho se incumple sistemáticamente.
Las autoridades penitenciarias alegan que, una vez dictada una orden de prisión, los detenidos ya no son su responsabilidad hasta que haya cupo en las cárceles. Mientras, los destacamentos policiales —diseñados para retenciones breves— se convierten en centros de detención prolongada.
Fallo crítico en la Ciudad Judicial
La Fundación señala que la solución pasaría por activar la cárcel anexa a la Ciudad Judicial, un proyecto pendiente que evitaría los traslados masivos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha pospuesto su apertura, y se espera que solo en octubre se habilite una nueva sección en Las Parras para aliviar el hacinamiento.
"Es una situación anómala e inconstitucional que revive prácticas de épocas oscuras", advirtió la organización, exigiendo una respuesta inmediata para garantizar los derechos de los detenidos.
El conflicto refleja una fractura institucional entre el Ministerio Público y Justicia, con consecuencias directas para cientos de personas atrapadas sin defensa legal. Mientras no se destrabe la crisis carcelaria, el riesgo de más violaciones a derechos fundamentales sigue latente.
