Un empresario denuncia desalojo irregular en Santo Domingo Este tras más de una década en terrenos contiguos a la avenida Ecológica. Las autoridades, según el afectado, actuaron sin agotar el debido proceso y derribaron una pared que había costado más de tres millones de pesos, además de retener un furgón con materiales de construcción. El caso ya está en manos del Ministerio Público, y se solicita la intervención del presidente Luis Abinader y la procuradora general para investigar posibles irregularidades.
Hoylin Osvaldo Melo Mejía, propietario del terreno, asegura que ocupaba el espacio desde hace más de diez años. Durante una intervención el pasado 3 de junio, ejecutada por Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), se llevó a cabo el desalojo y la demolición de una pared que estaba en construcción. Melo Mejía sostiene que no se le notificó adecuadamente ni se respetaron los procedimientos legales.
José Ramón Toribio Díaz, abogado del empresario, señaló que el operativo incluyó actos de abuso y arbitrariedad. Además de la demolición, las autoridades retiraron un furgón propiedad de Melo Mejía, que contenía materiales de construcción. El vehículo permanece retenido en una ubicación desconocida en Santo Domingo Este. El equipo legal cuenta con un video que respaldaría la denuncia, pero aún no han recibido una respuesta oficial sobre la devolución del furgón.
El caso fue presentado ante el Ministerio Público, y las autoridades involucradas en el desalojo han sido notificadas para que expliquen su accionar. El equipo legal del empresario asegura que continuará con las acciones legales necesarias para esclarecer los hechos y obtener una solución. Además, han solicitado la intervención directa del presidente Luis Abinader y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para que se investigue si existieron intereses particulares detrás del operativo.
Hasta el momento, ni Bienes Nacionales ni el CEA han respondido a las denuncias formuladas por Melo Mejía y su equipo jurídico. El caso ha generado controversia en la comunidad local, donde se cuestiona la transparencia de los procedimientos de desalojo y la protección de los derechos de los ciudadanos. Las autoridades competentes tendrán que dar claridad sobre las circunstancias del operativo y resolver la situación del furgón retenido.
