Denuncian a jueza por conflicto personal que afecta imparcialidad en caso penal

Denuncian a jueza por conflicto personal que afecta imparcialidad en caso penal

Magistrada bajo la lupa por presunta falta de imparcialidad en audiencia penal

Una jueza suplente de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional enfrenta una investigación formal tras admitir en pleno tribunal tener un conflicto personal con uno de los abogados en un caso. El Consejo del Poder Judicial analizará si la magistrada Octavia Carolina Fernández Curi violó protocolos éticos al no apartarse del proceso, pese a reconocer públicamente su animadversión hacia el letrado Jorge Lora Castillo.

El escándalo estalló durante una audiencia el 2 de julio, cuando la jueza habría declarado ante las partes su enemistad con el defensor. Los abogados Lora Olivares y Lora Castillo —representantes de una de las partes— exigieron su inhibición inmediata y presentaron una recusación formal. Sin embargo, según la denuncia, Fernández Curi pospuso la audiencia para el 30 de julio sin resolver el recurso ni retirarse del caso.

Expertos consultados por este medio subrayan que el Código Procesal Penal exige a los jueces abstenerse ante cualquier sospecha de parcialidad. "El reconocimiento de un conflicto personal obliga a la magistrada a apartarse para garantizar un juicio justo", explicó una fuente judicial bajo anonimato.

La Dirección de Inspectoría del Poder Judicial deberá determinar si hubo negligencia procesal o violación a los principios de neutralidad. De comprobarse irregularidades, Fernández Curi podría enfrentar sanciones que van desde amonestaciones hasta la suspensión temporal.

El caso reaviva el debate sobre la transparencia en el sistema judicial dominicano, donde al menos cinco magistrados han sido investigados por presuntas faltas éticas en los últimos dos años. Autoridades aseguran que reforzarán los mecanismos de supervisión para evitar que conflictos personales contaminen procesos penales.

La resolución de la Inspectoría se espera en las próximas semanas, mientras el expediente penal afectado permanece en pausa.

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