Adolescente fallecida en centro estatal desata crisis en sistema de protección infantil
Una tragedia sacude al sistema de protección de menores en República Dominicana. Una joven de 14 años murió bajo circunstancias no aclaradas en un hogar de paso administrado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). El caso ha encendido las alarmas sobre las condiciones en estos centros y ha obligado a la intervención inmediata de las autoridades.
La presidenta de CONANI, Ligia Pérez Peña, confirmó que el Ministerio Público investiga el incidente. Como medida cautelar, dos guías y personal militar asignado al lugar fueron suspendidos. Las cámaras de vigilancia no registraron altercados ni movimientos sospechosos antes del fatal desenlace, según declaraciones oficiales.
Protocolos bajo la lupa
Los hogares de paso, destinados a menores en situación de riesgo, operan bajo órdenes judiciales y deben garantizar estancias temporales. Sin embargo, este caso expone grietas en los procedimientos. Pérez Peña admitió que se está reorganizando el centro involucrado para reforzar seguridad y cumplimiento de normas.
El sistema enfrenta críticas por la mezcla de perfiles: menores vulnerables comparten espacio con adolescentes con antecedentes violentos, aunque CONANI insiste en que estos últimos son derivados a instituciones especializadas. La falta de claridad sobre lo ocurrido ha aumentado la presión social.
Reforma legal en marcha
Mientras la investigación avanza, CONANI impulsa una actualización de la Ley 136-03, vigente desde 2003. El proyecto incluye medidas contra el ciberacoso, mejoras en salud mental y la incorporación de recomendaciones de más de 900 niños consultados. La iniciativa busca adaptar el marco legal a realidades actuales, como los riesgos digitales.
El fallecimiento de la adolescente ha reabierto el debate sobre la eficacia de las políticas públicas para proteger a los menores en custodia estatal. Las autoridades prometen transparencia, pero la sociedad exige respuestas contundentes.
El caso podría acelerar cambios estructurales en el sistema, mientras las familias esperan justicia y garantías de que tragedias como esta no se repetirán.
