Estados Unidos intensifica su papel mediador en Venezuela mientras el Gobierno interino y la oposición anuncian nuevas conversaciones para superar la crisis política. Este nuevo intento de diálogo, respaldado por Washington, busca abordar temas clave como la renovación de los poderes públicos y garantías electorales, en un país marcado por tensiones históricas y un liderazgo dividido.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, hermano de la líder interina Delcy Rodríguez, encabezará la delegación oficial junto a figuras del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). Por su parte, la oposición estará representada por Dinorah Figuera, exiliada en España y aliada de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, junto con otros dirigentes opositores.
Este diálogo retoma esfuerzos anteriores, como el celebrado en Barbados en 2023, que permitió la realización de primarias presidenciales, aunque sin avances duraderos. La líder opositora María Corina Machado, ganadora de esas primarias, fue inhabilitada para participar en las elecciones de 2024, lo que generó más tensiones.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha diseñado una hoja de ruta para Venezuela, excluyendo a Machado y su Plataforma de Unidad Democrática de esta fase del proceso. Estados Unidos reconoce a los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 como interlocutores clave, dado su control sobre los activos venezolanos en el exterior.
Para los analistas, el éxito de estas conversaciones dependerá de su capacidad para generar "logros concretos y verificables", como la liberación de presos políticos y garantías electorales. El proceso también podría verse complicado por las divisiones internas dentro de la oposición.
En otro frente, el Gobierno interino venezolano ha iniciado un acercamiento diplomático con Chile, tras años de tensiones con el anterior presidente progresista Gabriel Boric. Delcy Rodríguez invitó al ultraderechista José Antonio Kast, sucesor de Boric, a restablecer relaciones bilaterales, centrándose en temas como seguridad, migración y desarrollo económico. La Administración chilena tiene pendiente ejecutar más de 75.000 órdenes de expulsión de migrantes sin papeles, la mitad de ellos venezolanos.
Este contexto internacional marca un nuevo capítulo en la compleja situación venezolana, donde el diálogo político sigue siendo una apuesta incierta pero necesaria para la estabilidad regional.
