Sector de seguridad privada en pie de guerra por nuevo Código Penal: "Nos criminaliza"
Más de 62,000 empleados y 24,000 millones de pesos en juego. La industria de seguridad privada en República Dominicana ha lanzado una alerta máxima ante el proyecto del nuevo Código Penal, que amenaza con judicializar a empresas y directivos por acciones individuales de sus vigilantes.
Freddy González Estrada, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), denunció que la reforma introduce una bomba de tiempo: responsabiliza penalmente a los dueños de compañías por delitos cometidos por sus empleados, incluso sin conocimiento previo. "Si un guardia en Barahona incumple protocolos, yo —desde Santo Domingo— puedo acabar en prisión. Es injusto", declaró durante un taller jurídico en el Hotel Embassy Suites.
El corazón del conflicto está en tres puntos críticos:
- Legítima defensa: Exigen claridad sobre cuándo los vigilantes pueden usar armas.
- Retención de personas: Temen que las detenciones ciudadanas derivadas de su labor se conviertan en secuestro.
- Penas agravadas: Advierten que multas y sanciones podrían quebrar al sector.
Francisco Álvarez, jurista que analizó el impacto legal, urgió a negociar un plazo de 90 días para que las empresas adapten sus protocolos. "Sin ajustes, esto generará caos procesal", alertó.
Con 90 millones de horas anuales de vigilancia en riesgo, el gremio presiona al Congreso para modificar los artículos polémicos antes de su aprobación. La balanza está en juego: proteger a la ciudadanía sin estrangular a una industria que mueve el 0.5% del PIB nacional.
Mientras el reloj avanza, las alarmas suenan fuerte en un sector que promete no quedarse de brazos cruzados.
