El gobierno de Bolivia enfrenta una crisis política y social cada vez más profunda, agravada por la salida del empresario Samuel Doria Medina de la coalición oficialista. Este distanciamiento ha dejado al presidente Rodrigo Paz sin apoyo parlamentario clave, debilitando su capacidad para aprobar medidas urgentes, como el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI). La situación se complica aún más con el aumento del malestar popular debido a la devaluación de la moneda y la escasez de combustibles.
Desde mayo, Bolivia ha experimentado masivas movilizaciones obreras, campesinas y populares que han amenazado con derrocar al gobierno. Aunque Paz logró contener las protestas mediante un estado de excepción y una fuerte represión, su base electoral se ha erosionado significativamente. Las clases medias y sectores empresariales que inicialmente lo apoyaron ahora expresan descontento por la corrupción, la falta de soluciones a la escasez de combustibles y la percepción de un gobierno inepto.
La crisis económica, impulsada por la devaluación de más del 40% de la moneda boliviana, está generando un aumento de los reclamos sociales. Prestatarios de vivienda en Santa Cruz exigen que los créditos se mantengan con un tipo de cambio congelado, mientras que transportistas planean paros nacionales apenas se levante el estado de excepción. Estos movimientos podrían intensificarse y afectar gravemente la producción agroindustrial y minera, ambos pilares económicos del país.
Paz también enfrenta desafíos políticos. Cuatro proyectos de ley en el parlamento buscan convocar un referéndum revocatorio para destituirlo. Además, figuras de la oposición como Tuto Quiroga y el propio Doria Medina están intentando posicionarse como alternativas viables ante un posible colapso gubernamental. Sin embargo, esta fragmentación política podría abrir espacio para un resurgimiento de las movilizaciones populares.
El gobierno de Paz se sostiene principalmente gracias al apoyo del imperialismo estadounidense y la derecha regional, simbolizado por el respaldo del FMI y nuevos contratos con empresas transnacionales para la explotación de litio y tierras raras. No obstante, estas alianzas son insuficientes para estabilizar un gobierno que pierde respaldo interno y enfrenta una creciente oposición social.
Mientras las clases dominantes discuten salidas políticas, los trabajadores y sectores populares buscan reorganizarse tras la traición de la Central Obrera Boliviana (COB), que apoyó al gobierno durante las crisis anteriores. La lucha contra el estado de excepción y la liberación de líderes detenidos se ha convertido en una prioridad para movimientos sociales, organizaciones estudiantiles y grupos feministas.
En un escenario marcado por la inestabilidad y la polarización, Bolivia podría enfrentar nuevos levantamientos populares o un cambio político institucional. La debilidad de Paz no solo refleja una crisis gubernamental, sino también un fracaso más amplio del régimen político boliviano, que lucha por mantener el control en medio de un creciente descontento social y económico.
