Dinamarca ha aprobado una histórica indemnización para miles de mujeres de Groenlandia a quienes se les implantaron espirales anticonceptivas sin su consentimiento durante décadas. La compensación, que asciende a 300.000 coronas danesas (unos 40.000 euros) por persona, fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento danés, con 100 votos a favor y solo 10 en contra. Este hecho marca un hito en el reconocimiento de los abusos cometidos contra las mujeres groenlandesas desde los años 60 hasta 1991.
La iniciativa forma parte de una campaña de planificación familiar impulsada por el Estado danés en un momento en que Groenlandia, entonces una provincia danesa, tenía una de las tasas de natalidad más altas del mundo. Sin embargo, las implantaciones se realizaron en muchos casos sin el consentimiento de las mujeres, algunas de apenas 12 años, causando graves daños físicos y psicológicos. La televisión pública danesa DR reveló que al menos 4.500 mujeres y adolescentes fueron afectadas.
Naaja H. Nathanielsen, diputada groenlandesa en el Parlamento danés, destacó que esta ley es "un reconocimiento muy concreto del trauma causado a generaciones de mujeres groenlandesas". Por su parte, Qarsoq Høegh-Dam, otro representante groenlandés, acusó al Estado danés de ejercer una "discriminación sistemática" y calificó el caso como una "violación de los derechos humanos".
El expresidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, llegó a calificar lo ocurrido como un "genocidio". En septiembre del año pasado, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el jefe del Gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, pidieron disculpas oficiales en un acto celebrado en Nuuk, la capital de Groenlandia. "Perdón por la injusticia que se cometió con vosotras por ser groenlandesas", dijo Frederiksen en un emotivo discurso.
Este caso también ha reavivado tensiones históricas entre Dinamarca y Groenlandia, especialmente tras el interés expresado por el expresidente estadounidense Donald Trump en adquirir la isla por motivos de seguridad nacional. Las autoridades groenlandesas han abierto una nueva investigación sobre posibles casos desde 1992 y han reservado fondos adicionales para indemnizaciones.
Además, 143 mujeres groenlandesas han presentado una demanda colectiva contra el Estado danés por vulneración de los derechos humanos, reclamando unos 5,8 millones de euros. Se espera que el caso llegue a los tribunales en 2027. La aprobación de la ley coincide con la publicación de un informe encargado por el Gobierno groenlandés sobre las implicaciones del caso en materia de derechos humanos.
La primera ministra Frederiksen reiteró la gravedad de los hechos y señaló que esta compensación es "única por su carácter". Este paso representa un esfuerzo significativo hacia la reconciliación, aunque muchos consideran que es solo el comienzo de un largo proceso de reparación para las mujeres afectadas.
