Bolivia enfrenta una creciente crisis económica y social debido al aumento del precio del diésel para los grandes consumidores, una medida impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz para cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares. El decreto, vigente desde el 27 de agosto, ha generado fuertes protestas y bloqueos, especialmente en sectores agrícolas y en la región de Santa Cruz.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la medida, afirmando que forma parte de un conjunto de decisiones “complejas y poco populares” necesarias para estabilizar la economía. El Decreto Supremo 5676 eleva el precio del diésel de 9,80 bolivianos (alrededor de un dólar) a 18 bolivianos, un incremento del 84%. Aunque el transporte público y los usuarios particulares mantienen subsidios, el impacto en los grandes consumidores ha sido severo.
Organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Comité Cívico de Santa Cruz han exigido la abrogación del decreto, mientras productores agrícolas han realizado bloqueos en carreteras clave. Pese al estado de excepción que prohíbe las protestas, las manifestaciones continúan, reflejando el descontento generalizado.
El gobierno argumenta que la medida busca reducir el gasto público y regularizar el suministro de combustibles, tras años de subsidios que agotaron las reservas internacionales. Sin embargo, la eliminación parcial del subsidio en diciembre pasado no resolvió la crisis de desabastecimiento ni mejoró la calidad del combustible, lo que generó daños en miles de vehículos a principios de este año.
En respuesta, la Gobernación de Santa Cruz propone un plan alternativo para garantizar el abastecimiento mediante acuerdos con proveedores internacionales y operadores privados. Mientras tanto, el presidente Paz insiste en que la política económica actual “se puede mejorar, pero no retroceder”, apelando a la necesidad de estabilizar las finanzas públicas.
Bolivia, que durante casi dos décadas mantuvo precios subsidiados para diésel y gasolina, enfrenta ahora un panorama complejo. La crisis económica, la falta de divisas y el agotamiento de las reservas han llevado al país a tomar medidas impopulares que, aunque necesarias según el gobierno, han intensificado el malestar social y político. El desafío de Paz será equilibrar las demandas internas con las exigencias del FMI en un contexto cada vez más polarizado.
