La obra pública en Castilla y León, España, enfrenta un grave problema debido a los conflictos internacionales y el aumento de los costes de energía y materias primas. En la primera mitad del año, 95 proyectos licitados por valor de 17,97 millones de euros quedaron desiertos al no recibir ofertas de constructoras. Esto representa el 9,5% de las licitaciones realizadas en la región por el Gobierno, la Junta y entidades locales.
El encarecimiento de los materiales y la energía ha llevado a muchas empresas a retirarse de estos concursos, dejando las administraciones sin opciones para ejecutar obras esenciales. Los ayuntamientos y diputaciones son los más afectados, con 77 proyectos sin adjudicar por un total de 12,39 millones de euros. Estos suelen ser obras de menor cuantía o ubicadas en zonas alejadas de las grandes ciudades, lo que reduce el interés de los contratistas.
La Junta de Castilla y León también enfrenta dificultades, con 12 proyectos desiertos que obligaron a relanzar licitaciones por unos 12,39 millones de euros. Entre ellos, destaca la construcción de una pista polideportiva cubierta en el campus de la Universidad de Valladolid en Segovia, valorada en 2,75 millones de euros. Por su parte, el Gobierno central retiró seis proyectos, incluyendo la reforma de un centro asistencial en Burgos por 271.175,23 euros.
La provincia más afectada es León, con 25 obras desiertas por un valor de 5,27 millones de euros, seguida de Salamanca (19 proyectos por 2,03 millones) y Palencia (13 proyectos por 2,62 millones). Otras provincias como Valladolid, Burgos y Segovia también registraron problemas, aunque en menor escala.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte que la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio ya afecta al 90% de las constructoras españolas. El 56% ha ralentizado su actividad, mientras que el 22% prevé posibles recortes de empleo si los costes siguen aumentando. Las obras de mantenimiento de carreteras, especialmente las de rehabilitación de firmes, están entre las más expuestas, con sobrecostes que llegan al 30%.
Ante esta situación, la CNC reclama mecanismos automáticos de revisión de precios para garantizar la viabilidad de los proyectos y evitar el abandono de obras tanto públicas como privadas. La construcción se perfila como uno de los sectores más vulnerables a la inflación de costes, poniendo en riesgo el desarrollo de infraestructuras clave en España durante los próximos meses.
