El Estado dominicano enfrenta el reto de fortalecer la protección en el mercado inmobiliario
El sector inmobiliario de República Dominicana está en alerta. En un contexto marcado por denuncias de estafas y fraudes, expertos y líderes del sector urgen al Gobierno a fortalecer los mecanismos de protección jurídica para consumidores, agentes inmobiliarios y constructores. La falta de regulación estricta y la desinformación han abierto la puerta a prácticas fraudulentas que afectan no solo a los compradores, sino también a la credibilidad del mercado.
La urgencia de medidas claras
Annerys Meléndez, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), destaca la importancia de fortalecer las normas y promover campañas de concientización ciudadana. "Desde el gremio promovemos mejores prácticas en todas las áreas del sector para garantizar mayor seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias", asegura Meléndez.
Por su parte, Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, recomienda a los compradores buscar asesoría legal, verificar la documentación del inmueble y revisar el historial del desarrollador. "Aunque hemos visto casos aislados que han desacelerado el mercado, invitamos a los inversionistas a seguir confiando en un sector sólido y pujante", añade.
Deficiencias en el sistema actual
Expertos señalan que el país carece de una figura jurídica que proteja tanto a clientes como a agencias inmobiliarias de fraudes. Esta falta de regulación permite que estafadores aprovechen las debilidades del sistema, involucrando incluso a agentes inmobiliarios en esquemas fraudulentos.
Carlos Báez, abogado penalista, aboga por un marco normativo más estricto. Sugiere que las constructoras sean supervisadas por ayuntamientos y organismos estatales para asegurar que cumplan con los requisitos legales y ambientales. Además, propone una campaña de concientización dirigida especialmente a compradores en el exterior.
El impacto de los fraudes
Entre los fraudes más comunes se encuentran la venta de propiedades inexistentes, publicidad engañosa y rentas de inmuebles con asesores falsos. Estas prácticas no solo afectan a los compradores, sino que también dañan la imagen del país y desincentivan la inversión en un sector clave para la economía.
Desde inicios del año pasado, decenas de denuncias han salido a la luz, evidenciando la necesidad de una acción rápida y contundente.
Un llamado al Gobierno
El sector inmobiliario y los expertos coinciden en que es indispensable que el Gobierno actúe de inmediato. La creación de normativas más estrictas, la supervisión efectiva de los proyectos y la promoción de campañas informativas son pasos esenciales para restaurar la confianza en el mercado.
El mensaje es claro: sin una regulación robusta y medidas preventivas, el mercado inmobiliario dominicano seguirá siendo vulnerable a prácticas fraudulentas que afectan a todos. Es hora de actuar para proteger a los ciudadanos y fortalecer un sector que ha sido históricamente un motor de crecimiento económico.
