Sector empresarial pide regularización temporal de mano de obra extranjera en República Dominicana
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha solicitado al Gobierno la implementación de un programa temporal para regularizar la mano de obra extranjera en sectores clave como la construcción y la agroindustria. Esta propuesta surge tras una serie de deportaciones masivas que han generado un impacto significativo en la disponibilidad de trabajadores.
Julio Brache, presidente de la AIRD, destacó la necesidad de establecer un sistema que permita a los inmigrantes obtener permisos de trabajo. "Creemos que debe regularizarse la mano de obra importada con permisos de trabajo", afirmó Brache.
Propuesta de regularización
Brache sugirió que la regularización podría incluir la emisión de carnets para los trabajadores, previo registro de sus datos biométricos. Este modelo, similar al utilizado en México y Estados Unidos, permitiría a los inmigrantes cruzar la frontera para trabajar y regresar a sus países de origen de manera ordenada. "Los mexicanos cruzan todos los días a hacer su labor cerca de la frontera y vuelven otra vez a su punto. Eso se puede regularizar fácilmente a través de un permiso", explicó.
El empresario hizo estas declaraciones durante la firma de un acuerdo de entendimiento entre el Gobierno y la empresa logística DP World Dominicana, un evento que destacó la importancia de la colaboración público-privada para enfrentar los desafíos actuales.
Apoyo a la convocatoria presidencial
Brache también valoró positivamente la decisión del presidente Luis Abinader de convocar a expresidentes como Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para abordar la crisis migratoria derivada de la situación en Haití. Subrayó que el sector empresarial está dispuesto a colaborar en las iniciativas necesarias para resolver este tema. "Yo creo que solamente la alianza público-privada es la que saca este país hacia delante con un paso rápido", expresó.
Contexto de las deportaciones
Las declaraciones de Brache se dan en un contexto en el que el Gobierno ha intensificado las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos indocumentados. Según datos de la Dirección General de Migración, al 30 de abril de 2025, se habían deportado a 114,884 personas. Estas medidas han generado preocupación en sectores económicos que dependen en gran medida de la mano de obra migrante.
Conclusión
La propuesta de regularización temporal de la AIRD busca equilibrar las necesidades económicas del país con las políticas migratorias actuales. Mientras el Gobierno continúa ejecutando deportaciones, el sector empresarial insiste en la importancia de adoptar medidas que permitan mantener la productividad sin descuidar el control migratorio. Este debate refleja un desafío complejo que requiere soluciones integradoras y colaborativas.
