La provincia de Santiago, reconocida por tener el mejor sistema de acueductos de la República Dominicana, enfrenta una paradoja alarmante: a pesar de su capacidad para abastecer a casi tres millones de personas, más del 75% del agua se pierde debido a conexiones ilegales y falta de medición del consumo. Este problema, que afecta a más de un millón de habitantes, ha llevado a que solo el 25% de la capacidad instalada esté disponible para el servicio público.
Según Silvio Durán, exdirector de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), las pérdidas comerciales —agua que se usa pero no se paga— son el principal desafío. Durante su gestión (2012-2020), se lograron avances en zonas como Gurabo y el sur de Santiago, pero el problema persiste debido a la falta de micromedidores y la pobreza que limita el pago del servicio. Durán señaló que, de no controlarse este desperdicio, las empresas de agua seguirán dependiendo del financiamiento gubernamental en lugar de ser autosuficientes.
El impacto de esta situación va más allá del acceso al agua. Según datos de las Naciones Unidas, más del 50% de las enfermedades en hospitales están relacionadas con la calidad del agua. Para mejorar el sistema, Coraasan necesita una inversión de más de 200 millones de dólares, destinados a renovar redes obsoletas y modernizar infraestructuras como la planta de La Noriega, que enfrenta problemas con la turbidez del río Yaque del Norte.
Además del suministro de agua, el drenaje pluvial es otro desafío. Durán destacó la necesidad de aumentar el diámetro de las tuberías y eliminar las de hormigón para evitar inundaciones. En su gestión, se obtuvieron fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa para el Desarrollo, pero aún queda mucho por hacer.
La situación en Santiago refleja un problema nacional: la falta de control en el consumo de agua y la necesidad de inversión en infraestructura. Sin soluciones inmediatas, el acceso al agua potable seguirá siendo un desafío para miles de dominicanos, con implicaciones graves para la salud pública y el desarrollo económico.
