Fiscalía ordena investigación masiva por invasiones ilegales en parques nacionales
La Procuraduría General de la República lanzó una operación sin precedentes contra el saqueo de áreas protegidas, tras detectar ocupaciones ilegales, fraudes inmobiliarios y posibles redes de corrupción en al menos seis reservas naturales clave. La investigación, que ya moviliza a fiscales especializados y al Ministerio de Medio Ambiente, apunta a desmantelar esquemas criminales que habrían usurpado terrenos de valor ecológico con documentos falsificados o trámites irregulares.
Entre las zonas bajo la lupa figuran el Parque Nacional Jaragua, Valle Nuevo y las Dunas de Baní, todas protegidas por ley desde 2004. Según datos oficiales, el 25% del territorio dominicano y casi el 11% de sus aguas marinas tienen estatus de conservación, pero reportes internos alertan sobre construcciones clandestinas, tala ilegal y ventas fraudulentas en estas áreas.
Operación "Escudo Verde"
La procuradora Yeni Berenice Reynoso creó un equipo de alto nivel, liderado por el fiscal adjunto Wilson Camacho, para rastrear títulos de propiedad sospechosos, funcionarios implicados y daños ambientales. Las pesquisas abarcarán una década de transacciones, con énfasis en casos donde "se haya falsificado documentación o usado influencias para legalizar lo ilegal", según el comunicado oficial.
La ley dominicana clasifica las 131 áreas protegidas en seis categorías, desde reservas científicas de acceso restringido hasta zonas de uso sostenible. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente admiten que la falta de vigilancia ha permitido que grupos aprovechen vacíos legales. En Valle Nuevo, por ejemplo, ya se han demolido villas construidas ilegalmente en años anteriores.
Impacto nacional
El caso podría desencadenar una ola de desalojos y procesos judiciales, según analistas. "Esto no es solo un tema ambiental, sino de soberanía", declaró un experto en derecho de tierras consultado por este medio. Las autoridades no descartan que detrás de las invasiones existan redes organizadas con conexiones políticas, aunque evitan nombres concretos hasta tener pruebas.
El cierre de la investigación, previsto para los próximos meses, determinará si se presentan cargos por delitos ambientales, prevaricación o lavado de activos. Mientras, Medio Ambiente reforzará patrullajes en las zonas críticas. La batalla por salvar estos pulmones naturales, advierten ecologistas, acaba de empezar.
