El juicio por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos en Santo Domingo, ha entrado en su fase decisiva. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local, enfrentan acusaciones por negligencia ante el tribunal, en un caso que ha sacudido al país y que ahora busca determinar responsabilidades penales.
El inicio del juicio de fondo tuvo lugar en la Cuarta Sala Penal, donde el Ministerio Público presentó su acusación contra los Espaillat, asegurando que ambos tenían pleno conocimiento del estado precario del techo de la discoteca. Según las autoridades, los incidentes con escombros eran frecuentes, pero nunca se tomaron medidas para solucionar el problema. Incluso se mencionó el caso de un testigo que resultó herido por la caída de escombros durante una celebración previa.
El juez Franny González lidera el proceso, rechazando una solicitud de los acusados para contar con un consultor técnico durante el juicio. Además de los hermanos Espaillat, otras entidades y personas están siendo demandadas civilmente, como Inversiones E y L, S.R.L., Difusora Hemisferio, S.R.L., y Radio Cadena Comercial, S.R.L., junto con Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
El expediente, que consta de 156 páginas, incluye 84 testigos y una serie de pruebas documentales y materiales. El caso ha sido objeto de seguimiento nacional desde la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, durante un evento conocido como “Lunes del Merengue”, donde falleció el famoso cantante Ruby Pérez. Este evento ponía fin a una fiesta semanal que atraía a cientos de personas.
El Ministerio Público está representado por un equipo liderado por Wilson Camacho, director general de Persecución, mientras que los acusados cuentan con la defensa de destacados abogados como Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez. Por su parte, las víctimas tienen el respaldo de un amplio grupo de representantes legales, incluyendo a Ingrid Hidalgo y Carlos Salcedo.
Este juicio marca un hito en la justicia dominicana, siendo uno de los procesos más emblemáticos y seguidos en los últimos años. Las audiencias continuarán cada viernes, en lo que se espera sea un largo proceso para determinar las responsabilidades penales y civiles de los implicados. El desenlace podría sentar un precedente en casos de negligencia y seguridad pública en el país.
