El juicio por la tragedia del derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos en abril de 2025, comenzó este viernes con fuertes reclamos de las familias de las víctimas y sobrevivientes. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, enfrentan cargos de homicidio involuntario, aunque los querellantes exigen que el caso sea calificado como homicidio voluntario, alegando negligencia extrema.
El Ministerio Público sostiene que la discoteca operó con graves fallas en el mantenimiento de sus instalaciones, lo que puso en riesgo la vida de cientos de personas. Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó durante la audiencia que "el peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo".
El juicio, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, marca un hito en el largo proceso judicial que ha mantenido en vilo al país. Las medidas cautelares contra los acusados incluyen una garantía económica de 500 millones de pesos (8,3 millones de dólares) y la prohibición de salir del país.
La tragedia, ocurrida durante un concierto del reconocido merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida, conmocionó a la nación y puso en evidencia la falta de seguridad en locales de entretenimiento. Entre las víctimas se encuentran figuras destacadas como el exjugador de las Grandes Ligas Octavio Dotel y un hijo del actual ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. También fallecieron ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo venezolanos, franceses y haitianos.
Ana María Ramírez, sobreviviente y miembro del Movimiento de Justicia Jet Set, expresó que el inicio del juicio es un paso importante, pero insistió en la necesidad de que los cargos sean más severos. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan justicia y una condena ejemplar que siente un precedente en casos de negligencia grave.
El desarrollo de este juicio podría tener implicaciones significativas para las normativas de seguridad en lugares públicos, marcando un antes y un después en la responsabilidad de los propietarios de establecimientos. El país sigue atento a un caso que ha dejado una profunda huella en su historia reciente.
