Gobierno lanza plan nacional para evitar conflictos en escuelas públicas
El Ministerio de Educación ha puesto en marcha un ambicioso plan para garantizar la paz en las aulas dominicanas. Las llamadas "Mesas de los Cinco Pilares" reunirán a maestros, padres, estudiantes y líderes comunitarios en los 31 territorios del país, con el objetivo de resolver conflictos y asegurar que el calendario escolar se cumpla sin interrupciones.
La iniciativa, impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps, busca evitar protestas y paros que en años anteriores han dejado a miles de niños sin clases. "Queremos soluciones reales, con la participación de todos", declaró el funcionario durante el lanzamiento en La Altagracia, una de las primeras regiones en implementar el proyecto.
Un sistema en crisis
El sistema educativo dominicano ha enfrentado históricamente tensiones entre gremios docentes y autoridades. Solo en 2023, decenas de escuelas suspendieron actividades por reclamos salariales o falta de recursos. Las nuevas mesas pretenden cortar este ciclo mediante diálogo permanente, donde cada sector tendrá voz.
Según el viceministro Francisco D’Óleo, el modelo ya ha sido probado con éxito en algunas localidades. "No es un debate de escritorio; las soluciones deben adaptarse a cada comunidad", explicó. Entre los puntos clave está un protocolo de corresponsabilidad, que detalla cómo actuar ante incumplimientos del horario escolar.
Religiosos y sociedad civil, piezas clave
La estrategia incluye actores inusuales en decisiones educativas: iglesias, ONG y hasta el Seguro Médico para Maestros (SEMMA). Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de La Altagracia, respaldó la medida: "La educación es tarea de todos, no solo del Estado".
Mientras, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) —que agrupa a los maestros— ha mostrado cautela. Su representante en El Seibo, Néstor Constanzo, admitió que "vale la pena intentarlo", pero exigió que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas.
¿Funcionará el modelo?
Las autoridades prometen evaluar resultados en los próximos seis meses. Si el plan avanza, podría replicarse en otros servicios públicos con alta conflictividad, como salud o transporte. Por ahora, el reto es claro: evitar que más estudiantes pierdan días de clase por disputas ajenas a ellos.
