El sistema judicial dominicano enfrenta una crítica severa por la lentitud en los casos de corrupción, a pesar de los avances anunciados en la reducción general de la mora judicial. Según el movimiento cívico Participación Ciudadana, muchos de estos procesos superan los cuatro años sin resolverse, lo que mantiene en vilo a la ciudadanía y socava la confianza en las instituciones.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, destacó recientemente que el 90% de los casos en la Corte Suprema se resuelven en un año o menos, y que el 87% de las salas judiciales a nivel nacional están al día. Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para abordar la problemática específica de los casos de corrupción administrativa, que siguen estancados en los tribunales.
Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, señaló durante una audiencia solemne en la Suprema Corte que la lentitud en estos procesos es uno de los mayores desafíos del Poder Judicial. "Los que luchamos contra la corrupción sabemos que muchos casos llevan más de cuatro años sin una decisión definitiva", afirmó. Esta situación ha generado preocupación entre la población, que espera respuestas concretas y eficientes de las autoridades.
Molina reconoció que aún existen retos en departamentos judiciales congestionados, como el de Santo Domingo, donde solo el 80% de los tribunales están al día. También mencionó que los asuntos administrativos se han reducido del 49% al 36%, lo que permite a los jueces enfocarse más en su función constitucional de resolver conflictos.
A pesar de los avances logrados gracias a reformas como la instauración del Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, la lentitud en los casos de corrupción sigue siendo un punto crítico. Participación Ciudadana insiste en que es fundamental garantizar la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función pública, especialmente en instituciones señaladas por actos de corrupción.
La situación plantea un desafío urgente para el Poder Judicial, que debe equilibrar los avances generales con la necesidad de agilizar los casos de corrupción, un tema que sigue siendo prioritario para la sociedad dominicana.
