El Ministerio Público de República Dominicana ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para cuatro individuos acusados de liderar una red de explotación sexual en Puerto Plata. La operación, que involucró a múltiples instituciones, permitió el rescate de 20 mujeres que supuestamente eran víctimas de este delito. El caso ha sido declarado de tramitación compleja debido a su gravedad y alcance transnacional.
La red operaba en el centro nocturno Keobs Night Club, el edificio Carlos III y un hotel en la provincia de Puerto Plata. Según las autoridades, los imputados captaban a mujeres dominicanas, haitianas y colombianas aprovechando su vulnerabilidad, engañándolas para luego retenerlas bajo condiciones de explotación sexual sistemática. Las víctimas estaban sujetas a reglas estrictas, multas y vigilancia constante, con restricciones severas a su libertad.
Entre los detenidos se encuentran Rocío Nicole Paulino, conocida como "Mamasan", Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera. Una quinta implicada permanece prófuga. La investigación fue coordinada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto con la Fiscalía de Puerto Plata y la Policía Nacional.
Este caso destaca los esfuerzos conjuntos de las autoridades dominicanas para combatir redes de trata de personas, un delito que afecta especialmente a mujeres en situaciones de pobreza o migración. Las operaciones fueron ejecutadas por la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (Uitimc), en colaboración con la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet).
El Ministerio Público ha enfatizado la importancia de este caso como un ejemplo de la lucha contra la explotación sexual en el país. Las investigaciones continúan para identificar a más personas involucradas y garantizar la protección de las víctimas rescatadas. El seguimiento judicial será clave para determinar las responsabilidades penales de los acusados y evitar que este tipo de redes vuelvan a operar.
