Defensa de Peralta denuncia "fabricación de culpabilidad" en caso Calamar
El equipo legal de José Ramón Peralta, exfuncionario acusado en el escándalo de corrupción "Operación Calamar", ha lanzado un duro ataque contra la Fiscalía, acusándola de construir una narrativa sin pruebas sólidas. Los abogados aseguran que las acusaciones carecen de respaldo en evidencias físicas o documentales, en un caso que ya involucra a más de una docena de exaltos cargos del gobierno anterior.
Pedro Balbuena, jurista de la defensa, declaró que su cliente es víctima de una "persecución selectiva". "Aquí no se está juzgando hechos, sino personas. Han adaptado la historia para encajar en una acusación prefabricada", afirmó durante la audiencia preliminar.
Red de corrupción al descubierto
El caso, considerado uno de los mayores esquemas de desvío de fondos públicos en la última década, señala a exministros y funcionarios por presuntas expropiaciones irregulares, cobros ilegales a negocios de apuestas y compras de propiedades con sobreprecios. Entre los imputados figuran Ángel Donald Guerrero (exministro de Hacienda), Gonzalo Castillo (exministro de Obras Públicas) y Luis Miguel Piccirilo (exdirector del Consejo Estatal del Azúcar).
Según la Fiscalía, la red operaba desde al menos 11 instituciones estatales, incluyendo Tesorería Nacional y Catastro, donde se habrían gestionado pagos fraudulentos por terrenos expropiados.
Fisuras en la acusación
La defensa de Peralta insiste en que las pruebas presentadas son inconsistentes. "No hay documentos que vinculen directamente a nuestro cliente con los delitos", sostuvo Balbuena, mientras la Fiscalía mantiene que las pruebas son "contundentes".
El juicio, que avanza hacia su fase final, podría marcar un precedente en la lucha anticorrupción del país. Autoridades judiciales han confirmado que varios imputados han negociado acuerdos de colaboración, aunque no han revelado nombres.
Mientras tanto, el caso sigue generando divisiones. Sectores políticos exigen transparencia, mientras otros alertan sobre posibles "cacerías de brujas". Lo cierto es que el desenlace podría redefinir el panorama de la justicia dominicana.
