Condenan a nueve miembros de la red Gavilán por borrar antecedentes de peligrosos delincuentes

Condenan a nueve miembros de la red Gavilán por borrar antecedentes de peligrosos delincuentes

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha condenado a nueve personas a penas de entre 5 y 10 años de prisión por formar parte de la red Gavilán, una organización dedicada a borrar y alterar antecedentes penales de delincuentes peligrosos a cambio de sobornos. Además, los condenados deberán pagar multas equivalentes a salarios mínimos del sector público. Tres personas fueron absueltas por falta de pruebas.

Entre los principales condenados a 10 años de cárcel en Najayo se encuentran Luis Peña Cedeño, fiscalizador del Distrito Nacional, quien también fue inhabilitado por cinco años para ocupar cargos públicos; Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona y Víctor Gilberto Mercedes Gómez. A ellos se les impuso una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

Otros implicados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y recibieron condenas reducidas. Mártires Rosario Reyes fue sentenciado a 7 años, con parte de la pena cumplida en arresto domiciliario. Alfredo Mirambeaux recibió 8 años, Rubén Darío Morbán 6 años, Domingo Julio Santana 5 años y Luis Alfredo Astacio Polanco 6 años, todos con parte de la pena suspendida o en arresto domiciliario. Además, se les impusieron multas.

La red Gavilán operaba borrando o alterando los antecedentes penales de sicarios, narcotraficantes, violadores, acusados de violencia de género, secuestradores y adulteradores de bebidas alcohólicas. En algunos casos, incluso eliminaron registros de personas condenadas a 30 años de prisión. La organización también movía dinero ilícito a través de familiares y allegados, utilizando fondos del crimen organizado para adquirir bienes y servicios.

Finalmente, los jueces absolvieron a Yokaira Elizabeth Carmona, Dilcia Argentina Núñez Santos y Romanqui Alexander Dotel Medina debido a la falta de pruebas suficientes en su contra. Este caso pone en evidencia la corrupción dentro del sistema judicial y las graves consecuencias de manipular los registros penales.

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