Polémica nacional por recorte de diputados: Santo Domingo perdería 8 escaños
La reducción de 20 diputados en el Congreso dominicano ha desatado una agria disputa política, con legisladores advirtiendo que la medida afectará gravemente la representación democrática, especialmente en Santo Domingo, que perdería 8 de sus actuales escaños. La reforma constitucional, aprobada por el propio Legislativo pero impulsada por el Ejecutivo, divide aguas: mientras algunos la tachan de "improvisada", otros insisten en acatarla pese a sus consecuencias.
El golpe a Santo Domingo
Ramón Raposo, diputado del PRD, encabeza las críticas: "Esta reducción debilita la voz de las provincias más pobladas. Santo Domingo sufrirá un recorte desproporcionado", denunció. Según datos no oficiales, varias circunscripciones de esta provincia —la más habitada del país— quedarían subrepresentadas. Raposo asegura que la medida fue una "maniobra populista" del Gobierno para ganar simpatías, sin estudios técnicos que respalden la nueva distribución.
"Nosotros lo aprobamos": la defensa de la reforma
En contraste, la diputada Nelsa Soraya Suárez (Santiago) admitió que, aunque su circunscripción perderá un escaño, la responsabilidad es del propio Congreso: "Fue una decisión constitucional avalada por todos los partidos. Ahora debemos cumplirla", afirmó. Suárez pidió, no obstante, revisar los criterios poblacionales usados para redistribuir los escaños, ya que "algunas zonas saldrán perjudicadas".
¿Crisis de representatividad?
El conflicto expone tensiones históricas en el sistema electoral dominicano. Expertos consultados señalan que, sin una fórmula clara que equilibre población y representación territorial, provincias menos pobladas podrían mantener ventajas injustas. La Junta Central Electoral tendrá ahora la polémica tarea de aplicar la reforma, en un proceso que promete avivar el debate sobre la equidad en el reparto del poder legislativo.
Mientras tanto, varios sectores exigen una auditoría independiente de los cálculos utilizados. El tema podría escalar en las próximas semanas, con posibles recursos legales de las provincias más afectadas. La sombra de la desconfianza ciudadana hacia la clase política —ya en mínimos históricos— planea sobre este nuevo capítulo de la pugna institucional.
