Familias denuncian despojo de tierras y destrucción de propiedades por parte del CEA

Familias denuncian despojo de tierras en sonado caso judicial

Dos históricas familias dominicanas han levantado su voz contra el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el poderoso Consorcio Vicini, acusándolos de usurpar propiedades que insisten pertenecen a su legado familiar. La polémica, arrastrada por años en tribunales, estalló nuevamente tras demoliciones y destrucción de cultivos en terrenos en disputa.

Los Severino y los Torres sostienen que tienen sentencias favorables de la Suprema Corte de Justicia e incluso del Tribunal Constitucional (casos TC-0241-20 y TC-078-20), pero alegan que sus derechos siguen siendo ignorados. Según su abogado, Nelson Montero, todo comenzó cuando arrendaron tierras a la extinta Compañía Azucarera Dominicana, antecesora del CEA, y al vencer el contrato, nunca les fueron devueltas.

Destrucción y presiones
El conflicto escaló cuando, según testimonios, personal de seguridad del CEA —junto a civiles— derribó viviendas, arrasó plantaciones de plátano y coco, e incluso taló un aguacate centenario. A Burgos Gómez, funcionario del organismo, se le señala como responsable directo de estas acciones, que las familias consideran un intento por borrar pruebas de su posesión legal.

En paralelo, los descendientes de Manuel Torres enfrentan su propia batalla por la parcela 94, en manos del Consorcio Vicini. A pesar de contar con fallos judiciales que les favorecen, aseguran que el gigante agroindustrial se niega a cumplir las resoluciones.

Las autoridades, en la mira
Las familias exigieron intervención inmediata del Gobierno, el Banco Central y el Poder Judicial. "Esto no es solo nuestro patrimonio, es un cuestionamiento a que las sentencias se cumplan en este país", declaró uno de los afectados.

Hasta ahora, ni el CEA ni Vicini han respondido a las acusaciones. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Tierras del Este enfrenta críticas por una reciente decisión que, según los denunciantes, contradice fallos previos.

El caso, que podría sentar un precedente sobre propiedad rural en República Dominicana, sigue su curso entre tensiones y la amenaza de nuevas acciones legales.