Inician titulación de terrenos para familias reubicadas por aeropuerto en Cabo Rojo

Inician titulación de terrenos para familias reubicadas por aeropuerto en Cabo Rojo

Familias desplazadas por aeropuerto en Cabo Rojo inician proceso de titulación de tierras

El gobierno dominicano comenzó el levantamiento catastral para otorgar títulos de propiedad definitivos a 150 familias reubicadas por la construcción del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo en Pedernales. La medida busca saldar una deuda social pendiente con los residentes de Los Tres Charcos, tras su desplazamiento forzoso en 2024 para dar paso a la obra insignia del plan turístico del sur.

Autoridades de la Unidad de Titulación de Terrenos (UTECT) y el Departamento Aeroportuario supervisaron este martes el inicio de los trabajos técnicos, que incluyen mediciones y validación de linderos. El proceso, prometido hace ocho meses, permitirá a los afectados acceder por primera vez a documentos legales que acrediten la propiedad de los nuevos terrenos asignados.

"Estamos cumpliendo con lo pactado. Estas familias tendrán seguridad jurídica y podrán heredar o vender sus propiedades", declaró Mérido Torres, director aeroportuario, durante una reunión con líderes comunitarios y alcaldes en Oviedo. Según el protocolo, los expedientes serán remitidos a la Jurisdicción Inmobiliaria en un plazo de 60 días antes de emitir los títulos.

El conflicto por los terrenos data de 2023, cuando el Estado expropió 3.5 km² para el aeródromo, ofreciendo compensaciones en zonas aledañas. Aunque las viviendas provisionales fueron entregadas en enero, la falta de documentos generó desconfianza entre los reubicados. "Ahora podrán usar sus tierras como garantía crediticia", aseguró Duarte Méndez de la UTECT.

El aeropuerto, con un avance del 40%, es clave para el polo turístico que promete reactivar la economía de Pedernales. Sin embargo, organizaciones sociales exigen que el proyecto no repita los errores de Punta Cana, donde comunidades locales quedaron marginadas del desarrollo.

Mientras los topógrafos inician su labor, las autoridades advierten que el proceso podría extenderse hasta 2025 por trámites legales. El éxito de esta etapa determinará si el gobierno logra equilibrar el desarrollo infraestructural con los derechos de los pobladores originarios.

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